El sistema de transporte marítimo y fluvial argentino entró en una virtual parálisis tras la huelga de prácticos por tiempo indeterminado. La medida de fuerza es en rechazo al Decreto 690/2026, impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y con la firma de las carteras de Seguridad y Defensa, el cual pretende reducir “costos desproporcionados” abriendo el sector a la competencia.

Según confirmaron a LA NACION fuentes del rubro y un comunicado del Centro de Navegación (CNAV), entidad que representa a las agencias marítimas, el paro afecta a por lo menos 140 buques mercantes. Las embarcaciones permanecen fondeados a la espera de servicios en las terminales de Gran Rosario, Buenos Aires, Dock Sud, Puerto La Plata, Zárate-Campana, Bahía Blanca, Quequén y Caleta Córdova.

A continuación, el detalle de las actividades afectadas y el impacto en los precios de la economía:

Combustibles y energía

El paro dio de lleno en las operaciones en las refinerías y muelles de Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo y Santa Cruz, así como en el nodo de despacho de crudo en Caleta Córdova.

Fuentes del sector petrolero detallaron a LA NACION que, mientras el norte del país equilibra su suministro mediante poliductos y camiones, el sur de la Patagonia depende de los buques caboteros que zarpan con nafta y gasoil desde las mencionadas refinerías hacia la zona de Comodoro Rivadavia. De sostenerse el parate portuario, la región austral enfrentaría el riesgo de desabastecimiento en sus surtidores.

En esa línea, ejecutivos de una compañía afectada advirtieron a este medio que contaban con apenas 24 horas de margen operativo de almacenamiento en refinería; de no restablecerse el despacho marítimo, deberán “bajar carga” y reducir el ritmo de procesamiento.

Además, según reportó el medio especializado ArgenPorts y confirmaron fuentes empresariales a LA NACION, el buque semisumergible de transporte pesado HL White Marlin quedó fondeado frente a Bahía Blanca, acumulando días de demora. La nave traslada las embarcaciones necesarias para instalar el tramo offshore y la monoboya de exportación de la terminal marítima del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) en Punta Colorada, Río Negro. La misma se trata de una obra estratégica para exportar el petróleo de la cuenca neuquina.

Agroexportación y divisas

La huelga de prácticos afecta la carga y zarpe de granos, harina y aceite de soja desde las terminales del cordón del Gran Rosario, Bahía Blanca y Quequén. Por su parte, Gustavo Idígoras, presidente del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), confirmó la parálisis total en todos los puertos agroexportadores del país.

Las estimaciones del sector indican que mantener un buque Panamax o Supramax demorado en rada sin cargar genera penalidades por demurrage (estadía) de entre US$25.000 y US$45.000 por día. Estos costos recaen sobre la cadena productiva y terminan descontándose del precio FAS (del inglés Free Alongside Ship, Valor al Costado del Buque) al contado, el cual percibe el productor primario.

Asimismo, al interrumpirse los zarpes, se detiene la emisión de los conocimientos de embarque, por lo que se frena el flujo diario de liquidación de divisas de la agroindustria y se suma presión sobre las reservas del Banco Central.

Industria automotriz e insumos importados

Las operaciones con contenedores y buques car carriers en el Puerto de Buenos Aires, Dock Sud, TecPlata (La Plata) y el nodo Zárate-Campana también resultaron paralizadas por el cese de actividades.

El impacto de la medida en costos y precios en la industria automotriz y manufacturera se explica dado que opera bajo la metodología just-in-time (justo a tiempo). Es por eso que la retención de insumos químicos, piezas y autopartes importadas a bordo de buques amenaza con congelar líneas de montaje, encareciendo el costo fijo por unidad producida.

En ese marco, las sobretasas por detención de contenedores y los costos por uso de suelo en depósitos fiscales terminan trasladándose al precio final al consumidor de bienes durables, automotores y electrodomésticos.

Comercio exterior

Las agencias marítimas, remolcadores, depósitos fiscales y logística de transporte terrestre fueron impactadas por la huelga de prácticos.

En cuanto al traslado a precios, el Centro de Navegación alertó que diversas armadoras internacionales comenzaron a omitir escalas en la Argentina y están desviando cargas hacia los puertos de Montevideo y el sur de Brasil. De esta manera, el posterior reingreso de la mercadería por transbordo feeder o camión adiciona fletes internacionales que se recargan directo sobre el precio de importación.

En este contexto, la inestabilidad logística eleva las sobretasas de seguro marítimo para naves con destino a la Argentina, restando competitividad a las exportaciones locales.

El conflicto

El paro inició tras la derogación del Decreto 2694/91 mediante el 690/2026. La resolución fija techos tarifarios administrados por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), abre el registro de profesionales, elimina la segmentación por tramos geográficos y autoriza a la Prefectura Nacional Argentina (PNA) o a la Armada a prestar el servicio en situaciones de crisis, además de contemplar exenciones para que capitanes acreditados naveguen sin práctico.

Fuentes del Poder Ejecutivo argumentan que el practicaje en el río Paraná cuesta entre US$50.000 y US$100.000 por buque (basado en informes de la Bolsa de Comercio de Rosario), lo que representa un monto equivalente a más de cuatro meses del sueldo del capitán de la nave (US$8.500 a US$12.000).

Asimismo, el Gobierno compara que el practicaje de un Panamax en el Río de la Plata asciende a US$16.903, contra los US$4.476 en Port Everglades (Estados Unidos) o US$4.729 en Gdańsk (Polonia), y señalan que las lanchas de traslado en Buenos Aires se cobran US$2.000 frente a los US$200 en el exterior.

Por otro lado, el Centro de Patrones y las agrupaciones de prácticos advierten que las medidas oficiales “ponen en severo riesgo la seguridad de la navegación” y vulneran puestos de trabajo locales. Además, anticiparon presentaciones judiciales con pedidos de amparo contra el decreto.

Ante el agravamiento del conflicto, a través de un edicto publicado en el Boletín Oficial, el prefecto Guillermo José Giménez Pérez, en representación de la PNA, intimó individualmente a 536 prácticos para que reanuden sus funciones de manera urgente. Desde la fuerza advirtieron que la persistencia en el paro dará lugar a sumarios administrativos y denuncias penales respaldadas en los artículos 190 (seguridad de naves) y 194 (entorpecimiento de transportes y servicios públicos) del Código Penal.