La jueza federal Indira Talwani anuló disposiciones de la Orden Ejecutiva 14399, firmada por Donald Trump, que establecía la creación de un registro nacional de votantes. La magistrada concluyó que el presidente no posee facultades para introducir cambios de alcance nacional en la administración de las elecciones federales.

La jueza anuló la creación del registro federal de votantes que ordenó Trump

La sentencia, emitida el 25 de junio, estableció una prohibición permanente para aplicar varios puntos del decreto de Trump. La demanda había sido presentada por una coalición integrada por 23 estados y el Distrito de Columbia, que cuestionó la legalidad de las medidas.

Uno de los aspectos centrales de la resolución fue el rechazo al proyecto que ordenaba al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y a la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) elaborar un listado nacional de ciudadanos habilitados para votar. Según la jueza Talwani, el Poder Ejecutivo no cuenta con autorización legal para confeccionar ese registro.

“La Constitución no otorga al presidente ningún poder específico sobre las elecciones. El poder del presidente de velar por que las leyes se ejecuten fielmente refuta la idea de que él deba ser un legislador”, escribió Talwani en la sentencia.

La decisión también sostuvo que la orden ejecutiva vulneraba el principio de separación de poderes al atribuir al presidente funciones que la legislación federal reserva al Congreso y a las autoridades estatales.

“La sección cinco de la Orden Ejecutiva no puede requerir que los estados conserven los registros de todos los materiales electorales durante cinco años”, dijo la jueza. En ese sentido, declaró las secciones dos y tres de la Orden Ejecutiva como “legalmente nulas” y dispuso que “la sección cinco es meramente precatoria“.

La orden ejecutiva de Trump regulaba las elecciones

El decreto, firmado en marzo, proponía reforzar los controles sobre la inscripción de votantes mediante mecanismos de verificación de ciudadanía administrados por organismos federales. Además, planteaba que el Servicio Postal de EE.UU. (USPS, por sus siglas en inglés) solo distribuyera boletas de voto por correo bajo determinadas condiciones vinculadas al intercambio de información entre los estados y el gobierno federal.

La iniciativa también contemplaba la incorporación de nuevos requisitos técnicos para el envío de boletas, como sobres con identificación oficial y códigos de seguimiento. Además, impulsaba investigaciones contra funcionarios electorales que incumplieran los criterios establecidos por la orden.

Cómo impacta el fallo contra la medida de Trump en las elecciones de noviembre

La resolución judicial emitida el 25 de junio mantiene sin cambios las normas estatales que regirán las elecciones legislativas previstas para el 3 de noviembre. Como consecuencia del fallo, el USPS no podrá modificar la entrega de boletas por correo con los criterios previstos en la orden ejecutiva.

“El USPS carece de autorización estatutaria para promulgar regulaciones vinculantes sobre la votación por correo", señaló Talwani.

Tampoco podrán imponerse nuevas exigencias para el diseño o distribución del material electoral. La decisión evita que los estados deban realizar cambios administrativos o destinar recursos para adaptar sus sistemas a los requisitos previstos por el decreto presidencial.

Los estados mantienen el control de sus elecciones con este fallo

Las autoridades estatales conservarán la administración de sus propios registros de votantes sin intervención del gobierno federal. La jueza también rechazó la posibilidad de utilizar bases de datos federales para revisar la elegibilidad de los electores, al considerar que esa tarea corresponde exclusivamente a cada estado conforme a su legislación.

Asimismo, quedó sin efecto la instrucción dirigida al Departamento de Justicia para priorizar investigaciones contra funcionarios electorales que actuaran de acuerdo con las normas estatales.