La escena se repite a diario. Reclamos de decenas de personas que se apostan ante las puertas de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) por la suspensión del pago, sin previo aviso, de su pensión por invalidez. El Gobierno señaló que ya suman 110.522 las pensiones suspendidas, medida que va de la mano de un fuerte ajuste en las prestaciones al sector.

Pese a que con estas bajas el Gobierno redujo en alrededor de un 10% el número de beneficiarios respecto a diciembre de 2023, el gasto del organismo que conducía, hasta la semana pasada, Diego Spagnuolo, no bajó. Al contrario: a lo largo de 2024 el presupuesto de la agencia aumentó en $2,3 billones, totalizando un aumento anual del 176%, cifra que supera la inflación acumulada del período (117%). También este año la Andis fue beneficiada con jugosos refuerzos presupuestarios vía decretos: poco más de un billón de pesos en los últimos ocho meses. Esto representa un 30% de suba desde enero.

La agencia dedicada a administrar las pensiones no contributivas por invalidez es el organismo descentralizado con el presupuesto más alto del Estado. Con los últimos refuerzos totaliza $4,83 billones anuales. Una caja por demás suculenta que hoy está bajo investigación judicial desde que trascendieron los audios, atribuidos a Spagnuolo, en los que el exdirector advirtió sobre un presunto sistema de retornos del 8% en la compra de medicamentos por parte de esta agencia.

En los audios se menciona a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, y a Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional y lugarteniente de Karina Milei. También aparece mencionada la droguería Suizo Argentina, la principal proveedora de medicamentos de alto costo para la Andis. Tanto esta empresa –que el año pasado logró multiplicar de manera exponencial sus contratos con el Estado- como la agencia fueron allanadas la semana pasada por la Justicia.

El escándalo de los audios no solo puso sobre el tapete los manejos oscuros que habrían ocurrido puertas adentro de la Andis sino también, por contraste, el drama de quienes reciben pensiones no contributivas por invalidez, ya sea porque se les suspendió el beneficio sin aviso previo o bien porque temen perderlo.

El vocero presidencial Manuel Adorni precisó que, hasta principios de este mes, se suspendieron 110.522 pensiones que, aseveró, habían sido mal otorgadas en gestiones anteriores. Indicó, además, que se dieron de baja otras 8107 que correspondían a personas fallecidas y unas 10.038 de personas que renunciaron a la pensión. Estimó que estas bajas redundarían en un ahorro para el Estado de unos $35.000 millones de pesos mensuales.

Sin embargo, en su último informe sobre el gasto en seguridad social del primer semestre del año, la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) da cuenta de estos recortes, pero señala que el gasto asociado al pago de pensiones se incrementó. “Tuvo un crecimiento del 5,2% interanual versus una reducción del 3,7% interanual en el total de beneficios, donde se destaca la baja del stock de pensiones por invalidez”, indica.

El monto de la pensión por invalidez laboral es del 70% de la jubilación mínima del sistema previsional -$200.074 mensuales- y, si bien se fue actualizando por el índice de movilidad, en los hechos perdieron frente a la inflación porque el bono de $70.000 que reciben todos los beneficiarios se mantiene congelado desde marzo de 2024.

También perdieron contra la inflación los aranceles que se pagan por todas las prestaciones para discapacidad que están fijados por el nomenclador de Prestaciones Básicas que fijan la Andis y el Ministerio de Salud. Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), durante el año pasado el aumento autorizado fue de un 60% (inferior a la inflación), mientras que en 2025 no hubo aumento alguno.

Junto a otras organizaciones no gubernamentales, ACIJ viene advirtiendo sobre los problemas en el proceso de auditorías que lleva adelante la Andis -junto con PAMI- para detectar presuntas irregularidades en el otorgamiento de las pensiones.

El convenio con PAMI establece un trabajo por 24 meses y el universo a auditar es de un total de 1.017.219 beneficiarios, precisó el jefe de Gabinete en su último informe al Congreso.

“De acuerdo a lo informado por Andis, se pretendía identificar las pensiones mal otorgadas y revertir irregularidades. Sin embargo, por la forma en que se está desarrollando, este se reveló inadecuado para cumplir con esa finalidad –señala ACIJ-. Por el contrario, las graves irregularidades que exhibió no hicieron más que violar el derecho de defensa de las personas y conducir a suspensiones injustas”.

Entre los problemas que detectó ACIJ figura que las citaciones a los beneficiarios de pensiones por parte de Andis se realizaron únicamente por carta documento. “De hecho, en respuesta a un pedido de acceso a la información pública presentado por ACIJ, Andis informó que a junio de 2025 el 46% de las cartas enviadas no habían podido ser entregadas. Además, muchas personas fueron citadas en lugares que quedaban a cientos de kilómetros de sus lugares de residencia”, advirtió.

“En este contexto, las primeras suspensiones se realizaron, según consta en las notificaciones recibidas por las personas beneficiarias, en virtud de la falta de recepción de las citaciones a la auditoría –advirtió ACIJ-. Si estas personas no pudieron participar en el proceso de control, difícilmente puede afirmarse que sus pensiones están mal otorgadas. También se registran varios casos de personas que no obtuvieron ninguna notificación de suspensión, pero que al presentarse a cobrar el dinero, advirtieron que no se les había depositado”.

El Gobierno niega que las auditorías tengan como objetivo “un ajuste automático o masivo” de las pensiones. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, señaló en su última exposición en la Cámara de Diputados que, desde 2003, el número de beneficios aumentó un 1418%.

“El gobierno ha manifestado reiteradamente que el objetivo de la auditoría y del rediseño del sistema es garantizar que las pensiones lleguen efectivamente a quienes cumplen con los requisitos establecidos por ley -enfatizó en su informe-. La prioridad son las personas más vulnerables, que no poseen recursos, no cuentan con cobertura previsional y se encuentran imposibilitadas de trabajar”.