El gobierno de Gustavo Petro dio inicio esta semana a un proceso inédito: la transferencia de tierras confiscadas a Pablo Escobar a mujeres campesinas víctimas del conflicto armado. La primera entrega oficializó la cesión de 120 hectáreas de la Hacienda Nápoles, símbolo del poder del jefe del Cartel de Medellín, como parte del plan de reforma agraria que impulsa el presidente.

Petro celebró en redes sociales que la recuperación de la Hacienda Nápoles para las víctimas comenzó, acusando a los “herederos políticos y económicos” de Escobar de intentar retener la propiedad.

Se empezó a recuperar la hacienda Nápoles para las víctimas.

Después del narco Escobar sus herederos políticos y económicis quisieron quedarse con la hacienda https://t.co/H2uTYowvD5

La decisión desató controversia. Una parte de la hacienda, ubicada en el departamento de Antioquia, está arrendada a una empresa privada que administra un parque temático, un zoológico —donde viven los famosos hipopótamos de Escobar— y un complejo hotelero.

El contrato se extiende hasta 2087 y convirtió al lugar en uno de los principales atractivos turísticos de la región, con más de un millón de visitantes anuales. Operadores y comerciantes advierten que el traspaso de tierras podría afectar la economía y abrir la puerta a demandas millonarias contra el Estado.

El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, defendió la entrega señalando que el parque ocupa apenas 300 de las más de 1500 hectáreas, por lo que existen amplias áreas disponibles para las víctimas. “Lo que hizo el presidente Petro fue devolver la tierra y la dignidad a quienes lo habían perdido todo”, afirmó.

La Hacienda Nápoles se convirtió en los años ochenta en un monumento personal de Escobar, quien amasó una fortuna estimada en 25.000 millones de dólares y llegó a figurar entre los hombres más ricos del mundo. El capo instaló en la finca una pista de aterrizaje, varias piletas, una plaza de toros con capacidad para mil personas y llenó el lugar de autos clásicos y animales exóticos —jirafas, cebras, canguros e hipopótamos—. Sobre la entrada colocó incluso la réplica de un avión, en homenaje al que habría usado para su primer cargamento de cocaína hacia Estados Unidos.

Tras su muerte en 1993 durante un operativo policial en Medellín, la hacienda quedó abandonada. Posteriormente pasó a manos del Estado, que la cedió a las autoridades locales para su reapertura como parque recreativo. Desde entonces, la Nápoles se transformó en un espacio contradictorio: atractivo turístico y, al mismo tiempo, escenario de memoria de la violencia.

La entrega a las campesinas también tiene un trasfondo de larga disputa. En 2017, un grupo de mujeres víctimas había recibido predios en préstamo, pero fueron desalojadas poco después. La devolución actual representa, según testimonios, un acto de reparación. “Me siento muy feliz porque hoy hay mujeres que tienen esperanza, que tienen tierra para toda la vida”, dijo Millinery Correa, una de las beneficiarias, en un video de la ANT.

Organizaciones sociales subrayaron el valor simbólico. Laura Bonilla, de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), señaló a The Guardian que Escobar pretendió convertir la hacienda en “un imperio independiente, con sus propias leyes y hasta su propio ecosistema”. Para Bonilla, la restitución no solo devuelve tierra, sino también dignidad.

El plan forma parte de la estrategia agraria de Petro, quien insistió en que la hacienda “tiene tantos muertos que debe ser devuelta al pueblo”. Sin embargo, el proceso enfrentó resistencias: en mayo, unas 1500 personas bloquearon la autopista Medellín-Bogotá en protesta contra la iniciativa, alegando que ponía en riesgo empleos y turismo.

Aun con las tensiones, el proceso ya está en marcha y marca un hito dentro de la política de reforma rural integral. Pero persiste un desafío inusual: la población de hipopótamos que Escobar introdujo ilegalmente y que hoy se reproduce sin control. Considerados especie invasora, dañan cultivos, amenazan la biodiversidad y han atacado aldeas cercanas. Este “legado viviente” del capo sigue siendo un problema pendiente para el Estado colombiano, incluso mientras avanza la devolución de tierras a sus verdaderos dueños.