Con una carta dirigida a Claudio Adrián Stivelman, titular de la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), la legisladora porteña Graciel Ocaña reclama la intervención del Estado en la Obra Social de Choferes de Camión (Oschoca), que preside Hugo Antonio Moyano y cuya administración está en manos de Iarai, una de las empresas de la esposa del jefe sindical de los camioneros.

Ocaña, que denunció hace 20 años a Moyano en la Justicia por presunta administración fraudulenta, presentó el viernes pasado su pedido ante la SSS en base a una reciente publicación de LA NACION en la que se informó sobre transferencias millonarias desde el gremio y la obra social hacia fideicomisos vinculados con Liliana Esther Zulet, la esposa del camionero, y dos hijos que tiene de otro matrimonio.

“En el caso de Oschoca, se configura una incorrecta o mala administración de sus recursos conjuntamente con la inadecuada prestación de sus servicios, circunstancias objetivas que avalan que el Poder Ejecutivo Nacional tome cartas en el asunto y disponga su intervención. La mala administración y la inadecuada prestación de servicios no resultan nada nuevo en la obra social de camioneros administrada o, mejor dicho, manejada como un bien propio, o particular, por parte de la familia de Hugo Moyano sin rendir cuentas”, escribió Ocaña, que reclama la intervención del presidente Javier Milei.

La deuda de la obra social solo en las 23 seccionales del interior del país alcanza a febrero de este año los $32.400.067 millones, según las planillas de la Federación Nacional de Camioneros a las que accedió LA NACION. Ese déficit no contempla Buenos Aires, donde está hoy el 50% de los 190.000 afiliados. Es decir, si se tiene en cuenta la deuda con base en la cantidad de afiliados, el rojo financiero podría rondar los $60.000 millones de pesos, según fuentes sindicales.

Ocaña, en su presentación ante la SSS, sostiene que Oschoca presentó un patrimonio neto negativo de -$ 7.284.162,00 y resultado operativo de -$ 8.778.715,00, entre 2017 y 2022. Advirtió que podría entrar en quiebra.

“La realidad es difícil de ocultar y es simplemente numérica: el gremio de camionero maneja cifras siderales, lo mismo que su obra social. La realidad es que Oschoca debería ser un modelo de prestaciones para la Argentina, sin embargo: obra social pobre o con prestaciones deficientes y familia Moyano rica. Aquí no hay efecto derrame; los cuantiosos fondos que manejan no se vuelcan a prestaciones de calidad y mejoras del servicio de salud. Actúan como una especie de “caja chica” que de chica no tienen nada para Hugo Moyano, que distribuye los bienes entre sociedades vinculadas a su esposa Liliana Zulet y que nada tienen que ver con las prestaciones que debería brindar un agente de servicios de salud", planteó Ocaña.

La legisladora porteña pide la intervención de la SSS, que es la que debe controlar a las obras sociales. Reforzó su pedido con el argumento legal de que las prestadoras médicas “gastan, perciben y administran fondos públicos”.

En su presentación, reclama que el Gobierno tome cartas en el asunto: “Las condiciones fácticas y legales se encuentran dadas y demostradas, espero que consideraciones de tipo político y el temor al clan Moyano no impidan a las autoridades tomar las medidas necesarias para remediar la situación y asegurar las prestaciones a los afiliados de la obra social. En definitiva, se trata proteger el derecho a la salud los trabajadores afiliados a Oschoca, los que con el producto de su trabajo y esfuerzo aportan obligatoriamente todos los meses para ser protegidos y recibir una prestación de salud adecuada”.

En lo que va de la gestión de Milei, la SSS intervino ya unas diez obras sociales por irregularidades o deficiencias en los servicios. “No podemos quedar atrapados en la interna de Buenos Aires y en la de una familia”, dijo a LA NACION Sergio Aladio, el jefe de los camioneros de la seccional de Santa Fe, que se abrió de la Federación Nacional que también lidera Moyano y abrió su propia obra social.