En los primeros dos años del actual Gobierno, la presión tributaria se redujo levemente, si se considera la recaudación como porcentaje del producto bruto interno (PBI). Pero la baja no se produjo por una reforma estructural en el sistema, sino principalmente por la decisión de no prorrogar la vigencia del impuesto PAIS, que pesaba sobre las operaciones de compra de bienes y servicios en el exterior. Así lo consigna un informe del Centro de Estudios Tributarios de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral.

El documento indica que en el primer año de gestión de Javier Milei la variación de la presión tributaria fue prácticamente nula (subió 0,2 puntos porcentuales). Según los datos, mientras que entre 2019 y 2023 la presión fue de 22,46% sobre el PBI, entre 2023 y 2025 ese indicador resultó de 21,6%.

Casi toda la reducción que registró el índice el año pasado se explica por la finalización de la vigencia del Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS), creado en 2020 para regir durante cinco años fiscales. Se trata del tributo que pesaba sobre operaciones de compra de moneda extranjera o de adquisiciones en el exterior o a proveedores del exterior, y que en buena medida derivaba su recaudación a financiar al PAMI y a prestaciones sociales de la Anses.

Además de esa carga, se redujo en 2025 el peso de los derechos de exportación o retenciones. En este último caso, mientras que en 2024 la recaudación había avanzado un 290%, muy por encima de la inflación anual –que fue de 117,8%-, el año pasado la suba fue de 19,3%, bastante por debajo de la variación de 31,5% que tuvo el índice de precios promedio medido por el Indec.

Según el informe de la Universidad Austral, si bien se dio esa baja de la presión tributaria, la complejidad del sistema, sus costos y las alícuotas de Ganancias que pesan sobre las empresas son elementos que hacen que la Argentina mantenga un índice de performance tributaria que refleja que el sistema logra solo “parcialmente” sus objetivos.

En una escala de 1 a 10, el país logró en 2024 (dato más reciente, según la publicación) un puntaje de 4,4 puntos. En la escala, cuando los países obtienen entre 6 y 8 puntos, se considera que las metas se logran “en gran medida”, en tanto que en los extremos están los puntajes 1 y 2 (no logra los objetivos) y 9 y 10 (logra plenamente los objetivos).

El índice de performance tributaria es elaborado por la mencionada casa de estudios siguiendo la metodología diseñada por la Fundación Bertelsmann Stifung, de Alemania. Según explicó a LA NACION Lucio Cardinali, uno de los autores del informe de la Universidad Austral, el índice se integra con cuatro elementos: el balance fiscal (si hay déficit o superávit, según alcance o no lo recaudado para cubrir erogaciones); la complejidad; la mayor alícuota de Ganancias a cargo de sociedades, y la mayor alícuota de Ganancias de personas físicas. “Lo que se observa es en qué medida el sistema tributario cumple sus objetivos de suficiencia y eficiencia”, afirmó.

En los rankings correspondientes a 2024, la Argentina aparece bien posicionada, respecto de otros Estados, en el ítem correspondiente al balance fiscal, dada la obtención del superávit en las cuentas públicas. Sin embargo, está muy abajo tanto en el listado de países que contempla la complejidad del sistema tributario (por el costo de recaudar), como en el de la estructura del impuesto a las ganancias que pesa sobre las empresas, con una alícuota máxima de 35%.

En este último punto, el documento señala que el índice podría haber mejorado si se hubiera aprobado la rebaja de la alícuota sobre las sociedades que proponía el Gobierno en la iniciativa sobre modernización laboral. Ese aspecto fue eliminado en la negociación con los gobernadores, que se resistían a la modificación porque no se compensaba a las provincias por la baja de la recaudación de un impuesto que es coparticipable. “Esa medida hubiera mejorado el índice para Argentina, llevándolo a 4,6 , muy cerca de su mejor valor, en 2019, cuando la alícuota máxima de Ganancias era de 30%”, indica el informe.

También se agrega que, sobre la base de datos de ARCA, es posible concluir que, si se hubiera aprobado la reforma legal, un tercio de las empresas hubiera visto reducida la alícuota a tributar al 31,5% o al 27%, según el caso.

En relación con el costo fiscal de obtener recursos de los impuestos, el dato más reciente disponible en el documento -de 2023-, muestra que era de 1,3% de la recaudación neta, mientras que Brasil, país ubicado segundo en un listado de 18, tuvo un índice de 0,32%. El promedio para América Latina resultó de 0,85%.

Un dato que destacan los analistas de la Universidad Austral es que, luego de 17 años, la brecha entre la presión tributaria de los países de la OCDE y de la Argentina superó los seis puntos porcentuales. Desde 2007 y, sobre todo, entre 2009 y 2016, esa relación había sido más cercana. Los países más desarrollados tienden a cobrar más tributos sobre ingresos que sobre el consumo, algo que está vinculado con sus mayores niveles de formalidad en la actividad económica. “Es más sencillo recaudar sobre ingresos, pero a la vez son sistemas más regresivos”, sostuvo Cardinali.