Los impuestos que gravan el patrimonio generan una recaudación muy magra en las arcas fiscales. Afecta a un grupo reducido de personas a quienes les impacta muy fuerte, pero en conjunto representa poco dinero en relación a la recaudación fiscal total.

Ese alto impacto genera un incentivo para que personas de alto patrimonio emigren a otros países. Cuando esto ocurre, el Estado pierde la recaudación del impuesto al patrimonio, pero también pierde la posibilidad de recaudar otros impuestos de mayor relevancia que hubieran pagado esos mismos contribuyentes si hubieran permanecido en el país.

En la Argentina existen dos impuestos de naturaleza patrimonial. El impuesto a las herencias y donaciones, que afortunadamente sólo existe en la provincia de Buenos Aires con tasas reducidas. Y mucho más dañino, el impuesto sobre los bienes personales, con un alcance amplio a nivel patrimonial, y tasas que han llegado al 2,25% en el año 2022, y que ahora se han visto reducidas a tasas más bajas.

Recordemos que el impuesto a las herencias alcanza a todos los activos que reciba en donación o herencia una persona que viva en la provincia de Buenos Aires, y también a los activos ubicados en la provincia de Buenos Aires, cualquiera sea el lugar en el que viva el beneficiario.

Dijimos al principio que la recaudación impacta poco en la recaudación total. En efecto, el impuesto sobre los bienes personales en el año 2023 representó apenas el 3% del total de recaudación de impuestos nacionales. Y esto ocurrió con una tasa muy elevada del 2,25% (el cálculo fue sobre bienes de 2022). Es decir que aún con una tasa exagerada y al borde de violar principios de no confiscatoriedad, su peso recaudatorio fue muy bajo.

La recaudación del impuesto sobre las herencias y donaciones en la provincia de Buenos Aires es aún menos significativa. Representó apenas el 0,1% del monto total de la recaudación de impuestos de esa provincia, en lo que va del año 2025.

La existencia de estos impuestos patrimoniales y hereditarios se explica más por razones ideológicas que por cuestiones de eficacia recaudatoria. Es una manera de afectar el derecho de propiedad de las personas con el objetivo de redistribución de la riqueza. Tema que se ha puesto muy de moda en muchos lugares, pero con nula eficacia en la mejora del bienestar de las personas.

Una mirada más realista sería considerar que el patrimonio de una persona no es más que el ahorro de toda su vida, generado por la suma de todo su esfuerzo laboral. Y que sirve para generar una renta que permita vivir de manera digna durante su vejez. Cosa que resultaba imposible con una tasa del impuesto sobre los bienes personales del 2,25% pues esa tasa bien podría superar toda la renta de ese patrimonio.

Afortunadamente, en el año 2024 se aprobó una reforma impositiva que permitió reducir la tasa del impuesto al patrimonio del 2,25% al 0,45%, a condición de prepagar cinco años seguidos. Para quienes no eligieron esa opción, también hubo una baja significativa del 2,25% al 1,25%.

También se ajustaron los montos mínimos no imponibles (el umbral a partir del cual corresponde pagar). En 2022 ese monto era de apenas unos US$60.000, y fue elevado en 2024 a casi US$300.000 para activos generales y casi un millón de dólares para inmuebles destinados a casa habitación.

Estas modificaciones, además, vinieron acompañadas de una regla de estabilidad fiscal, que establece un tope de 0,25% a los impuestos al patrimonio entre los años 2028 y 2037. En la práctica, es una especie de derogación anticipada del gravamen.

La política actual ha dado un paso adelante muy importante a favor de la defensa del derecho de propiedad y la protección de los ahorros de las personas mediante una reducción muy significativa de este impuesto.

Es muy probable que si esta reducción se llevara a una tasa mínima y fuera acompañada de una estabilidad fiscal que genere confianza, habría un fuerte incentivo para el retorno de muchos argentinos residentes en el exterior, y me animo a decir de extranjeros que vean con buenos ojos establecerse en la Argentina.

Este tipo de medidas fiscales, en la medida que permanezcan estables a lo largo del tiempo, representan un incentivo para alentar nuevas inversiones y generar nuevos cimientos para el progreso de la Argentina.

El autor es contador público. Socio del estudio La Vista Casal