El máximo tribunal de la Nación dictó un fallo que marca un punto de inflexión en la grave crisis institucional de Santa Cruz, al destrabar el tan grave como inédito conflicto de poderes que había paralizado la actividad judicial en la provincia, ordenando que asuman los nuevos miembros del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), ampliación dispuesta por ley, pero que el kirchnerismo no hizo más que impedir.

Con esta decisión, resolvió una disputa que alcanzó ribetes de una gravedad sin antecedentes en el distrito. El TSJ pudo integrarse ahora plenamente llevando de cinco a nueve el número de sus miembros, tal cual lo sancionado por la Legislatura en 2025, a partir de un proyecto impulsado por el gobernador, Claudio Vidal.

La decisión de la Corte nacional, de carácter inapelable, puso orden en un escenario de extrema tensión, en el que un sector de jueces locales, identificados con el kirchnerismo, intentó mantener el control del Poder Judicial mediante arteras maniobras que el gobierno provincial calificó como destituyentes.

El conflicto escaló meses atrás cuando los magistrados Reneé Fernández, Paula Ludueña Campos, Alicia de los Ángeles Mercau y Fernando Basanta rechazaron la ampliación del TSJ. Estos jueces afines al kirchnerismo declararon inconstitucional la norma que elevaba la cantidad de integrantes del cuerpo.

A partir de esa decisión, iniciaron una estrategia para bloquear la asunción de los nuevos magistrados Sergio Acevedo, José Antonio González Nora, Gabriel Nolasco Contreras Agüero y Juan Lucio Ramón De la Vega. La resistencia se tradujo en acciones que incluyeron la retención de salarios, la prohibición de ingreso a los despachos del edificio judicial y el apartamiento irregular de quien ejercía la presidencia del tribunal, Daniel Mariani.

En un informe elevado a la Corte nacional, Mariani, detalló que los opositores a la ampliación del tribunal actuaron bajo vías de hecho intentando disfrazar sus decisiones como actos administrativos, aunque carecieron del quórum necesario. El juez detalló que, incluso durante la jura de los nuevos vocales, quien actuaba como presidenta del cuerpo, Reneé Fernández, retuvo el libro de actas, lo cual obligó a realizar el procedimiento ante la Escribanía Mayor de Gobierno.

Durante tres décadas y pese a los numerosos escándalos, el Poder Judicial local nunca investigó ni procesó a ningún funcionario kirchnerista en Santa Cruz

La normalización del tribunal comenzó de manera inmediata tras el fallo de la Corte nacional. Los nuevos vocales asumieron sus cargos y el ahora completado el TSJ ordenó una auditoría interna de carácter exhaustivo. La medida abarca la revisión de gastos, el estado de los sueldos, del personal y de la situación de las causas demoradas. Exige también informes detallados sobre los créditos presupuestarios, la masa salarial y el costo mensual de servicios y equipamiento informático. La nueva mayoría, bajo la presidencia de Nolasco Contreras Agüero, dispuso que todos los ingresos al Poder Judicial deberán realizarse mediante concursos abiertos y públicos de oposición y antecedentes.

El gobierno de Vidal planea ahora retomar proyectos legislativos que quedaron trabados por la presión del kirchnerismo. Entre ellos, la muy demorada reposición en el cargo del exprocurador Eduardo Sosa, apartado en 1995 mediante una reforma que no respetó el carácter de inamovilidad de los magistrados y tras desoír fallos de la Corte nacional que obligaban a restituirlo.

Durante tres décadas y pese a los numerosos escándalos, el Poder Judicial local nunca investigó ni procesó a ningún funcionario kirchnerista en Santa Cruz. Las pocas denuncias por corrupción permanecieron cajoneadas en los escritorios de los jueces amigos, que actuaron como un bloque cerrado que les garantizaba impunidad. Los pocos funcionarios judiciales que se animaron a cuestionar el poder quedaron en absoluta soledad o fueron echados, como el propio Sosa. Un caso emblemático ocurrió cuando, tras cinco años sin resolver un expediente originado en una denuncia en los tribunales de Buenos Aires, el juez de primer instancia Santiago Lozada sobreseyó, sin investigar ni documentar, a Néstor Kirchner en una causa que pretendía investigar el recorrido de los más de 600 millones de dólares que la provincia cobró por regalías petroleras a mediados de los 90 y que el gobierno de Santa Cruz mantuvo depositados en el exterior.

El proceso de normalización requiere de una gestión rigurosa en el manejo de los recursos públicos. La tarea de poner orden en el pantano jurídico que dejó el Kirchnerismo no será sencilla, pero el primer paso ya es firme.

La amplia mayoría de los santacruceños aspira a ver finalizada la larga noche judicial que los privó durante décadas hasta de las garantías constitucionales más básicas.