La Cámara Federal porteña reabrió hoy una causa contra la expresidenta Cristina Kirchner por presuntos datos incompletos o falsos consignados en sus declaraciones juradas.

Se trata de una causa que había sido archivada el 5 de junio pasado por el juez Julián Ercolini a pedido de la fiscalía. Quien apeló fue la Unidad de Información Financiera (UIF), que depende del Poder Ejecutivo, con el argumento de que las fallas en las declaraciones no habían sido producto de un simple error.

La Cámara ordenó además hacer un peritaje contable para avanzar con al investigación sobre la expresidenta.

Firmaron el fallo los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens (que sostuvo además que la expresidenta debería ser indagada).

En el caso se investigan, según el fallo de la Cámara, los supuestos hechos: “inconsistencias y omisiones en las declaraciones juradas de Cristina Fernández en el período comprendido entre 2010 y 2014, (...) la errónea exteriorización de los bienes y deudas por parte de Cristina Fernández a partir de la disolución de la sociedad conyugal, en tanto no había tenido lugar la partición y distribución de los bienes del acervo hereditario de Néstor Kirchner; la omisión de declarar bienes inmuebles del acervo hereditario de Néstor Kirchner a partir de la declaración jurada del año 2012; la errónea exteriorización de un terreno de 87.000 m2 sobre el Lago Argentino, El Calafate, que Cristina Fernández registró en condominio con la firma Austral Construcciones S.A. a partir del año 2008; y la omisión de declarar plazos fijos y depósitos en dólares estadounidenses en las declaraciones juradas de los años 2011, 2012, 2013 y 2014″.

Los camaristas Bruglia y Bertuzzi dijeron: “De la resolución puesta en crisis surge que el juez de grado se remitió a la postura del acusador público, quien estimó que las conductas denunciadas no constituían irregularidades sujetas a reproche penal, sino que, por el contrario, guardaban relación con el modo en que la imputada había exteriorizado su evolución patrimonial ante los organismos de control a partir del fallecimiento de su cónyuge en el año 2010″.

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