La Cámara Federal de Casación Penal rechazó la pretensión de un acusado de atacar a un policía de evitar el juicio oral y público a cambio de realizar tareas comunitarias y suspender la causa en su contra. Los hechos ocurrieron frente al Congreso, el 12 de junio de 2024, cuando se debatía la Ley Bases.

Tras el fallo, Brian Ezequiel Ortiz deberá enfrentar el juicio oral y público, acusado de atacar a un policía por los cargos de intimidación pública, atentado y resistencia a la autoridad.

Ortiz había propuesto hacer trabajos comunitarios durante un año en la Secretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de Avellaneda, con el Patronato de Liberados, además de pagar una reparación de 250.000 pesos.

El juez del Tribunal Oral Federal 3 Fernando Machado Pelloni le denegó ese beneficio, junto con el pedido de otro detenido en ese momento, Walter Gabriel Quiroga, que ofreció una reparación económica de 250.000 pesos y realizar trabajos comunitarios en Cáritas.

Machado Pelloni dijo que la probation no es automática y que tanto el fiscal como la querella, a cargo del Senado, se habían opuesto.

Ortiz apeló a la Cámara Federal de Casación y ahora la Sala IV, integrada de manera unipersonal por el juez Gustavo Hornos, rechazó el recurso de casación del acusado.

Hornos sostuvo que, por las particulares características del hecho investigado, existe un interés público legítimo en que el caso llegue a juicio oral y público.

Señaló que el derecho a la protesta social es un pilar del sistema democrático, pero no ampara actos de violencia, daños o intimidación pública.

“La realización del debate permitirá no sólo establecer la eventual responsabilidad penal de Ortiz, sino también brindar una respuesta jurisdiccional transparente sobre un episodio que tuvo una particular dimensión institucional”, sostuvo Hornos.

Si bien entendió que está en juego el derecho a la protesta social, esta solución no implica considerar que carezca de protección constitucional. Por el contrario, el juez reconoció su importancia pero distinguió entre el ejercicio legítimo del derecho de manifestación y las conductas violentas que excedieron sus límites, según la acusación.

El juez dijo que la violencia desplegada en la protesta ante el Senado habría afectado directamente el normal desenvolvimiento de las instituciones democráticas.

Por esa razón, entendió que existe un interés público superior en que el conflicto sea resuelto mediante un juicio oral y público y no a través de una salida alternativa.

El caso se originó a raíz de los hechos ocurridos el 12 de junio de 2024, durante la sesión especial de la Cámara alta en la que se debatía la Ley Bases.

Según la acusación, el imputado habría agredido físicamente mediante golpes de puño y puntapiés a un policía, en Rivadavia y Callao, para impedir la liberación de la calle, generar tumultos y ejercer violencia contra funcionarios públicos.

La defensa había solicitado la suspensión del juicio a prueba argumentando, entre otras cuestiones, que Ortiz no tenía antecedentes penales, posee arraigo y que la pena en expectativa permitiría, en abstracto, un pronóstico favorable de condena de ejecución condicional.

Hornos dijo que la opinión del fiscal no es vinculante de manera automática, pero consideró que, en este caso, tanto la fiscalía como la querella tenían “razones legítimas, fundadas” para negarle a Ortiz el beneficio.