Retenciones: la Justicia ordenó devolverle $23,5 millones más intereses a Aceitera General Deheza y declaró inconstitucional un decreto
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó devolverle a Aceitera General Deheza (AGD) el excedente que pagó en retenciones por un embarque de subproductos ...
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó devolverle a Aceitera General Deheza (AGD) el excedente que pagó en retenciones por un embarque de subproductos de soja en 2022. En un fallo, el tribunal declaró inconstitucional para esa operación el decreto 131/2022, que durante el gobierno de Alberto Fernández elevó del 31% al 33% la alícuota aplicable. La empresa reclamó $23.511.622,40 y la Cámara reconoció su derecho a recuperar la diferencia, con intereses.
El reclamo se originó en una exportación que la firma registró en julio de 2022. AGD pagó el 33% sobre el valor FOB declarado y pidió a la Aduana que le reintegrara los dos puntos porcentuales de diferencia con la alícuota del 31% prevista en el decreto 790/2020. La Aduana rechazó la solicitud y, en marzo de este año, el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó esa decisión por mayoría. La exportadora apeló y la Cámara revocó ambos pronunciamientos.
Los jueces José Luis López Castiñeira y Luis María Márquez sostuvieron que el Ejecutivo incrementó la alícuota sin una clara política. Para resolver, remitieron a otro fallo de septiembre de 2025, también favorable a AGD, en el que habían aplicado el criterio de la Corte Suprema en Camaronera Patagónica. Según ese criterio, los derechos de exportación son tributos y el Congreso debe fijar sus elementos esenciales o establecer los parámetros dentro de los cuales el Ejecutivo puede hacerlo.
Así, los magistrados consideraron inconstitucional la suba y argumentaron: “En efecto, no caben dudas de la invalidez constitucional del decreto 131/2022, toda vez que por su intermedio se incrementó una alícuota de derechos de exportación sin que existiese una clara política legislativa o base de delegación suficiente”.
En ese sentido, la Cámara dispuso que los intereses se calculen desde la presentación del reclamo ante la Aduana hasta el pago efectivo, según las tasas vigentes en cada período. También puso a cargo del Estado nacional las costas del trámite ante el Tribunal Fiscal y de la apelación judicial.
La Cámara resolvió “reconocer el derecho de la actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa, al oficializar el despacho de exportación denunciado”. Además, el derecho de la exportadora a obtener “la devolución de las sumas reclamadas por la diferencia abonada por derechos de exportación”. Precisaron que esa diferencia era la “resultante de la aplicación de lo normado por el decreto 131/2022 en lugar de lo previsto en el decreto 790/2020”.
Al analizar el fallo a favor de Aceitera General Deheza, Héctor Tristán, contador especializado en temas tributarios del agro, señaló que dos puntos porcentuales de retenciones pueden representar una diferencia significativa en una actividad que comercializa millones de toneladas. Sobre el fundamento de la sentencia, sostuvo que “el Gobierno no puede aumentar impuestos sin contar con una autorización legislativa suficiente”. Y recordó el vinculo de ese criterio con el precedente Camaronera Patagónica, de 2014, según el cual “los derechos de exportación son impuestos y están sujetos a las exigencias constitucionales de legalidad tributaria”.
Tristán explicó que el impacto de una suba puede llegar al productor a través del precio que paga el exportador. Para ilustrarlo, tomó una operación hipotética de US$1 millón en subproductos de soja. “Con una retención del 31%, el tributo representa 310.000 dólares. Con el 33%, asciende a 330.000 dólares”, detalló. “Si ese incremento repercute sobre el precio de compra de la materia prima, parte de su costo puede terminar siendo soportado por los productores, aun cuando no sean quienes ingresan formalmente el impuesto ante la Aduana”.
Sobre el alcance del fallo para otras empresas, Tristán indicó que la sentencia puede ser relevante para quienes hayan exportado bajo el mismo decreto. “Cada exportador deberá analizar sus operaciones, las normas aplicables, la documentación respaldatoria y, especialmente, los plazos legales para presentar o continuar un reclamo”, advirtió. También señaló que “la sentencia de Cámara podría ser objeto de recursos y que su situación procesal definitiva requiere seguimiento”.
Otro casoLa decisión se conoció en medio de otro litigio por retenciones. Días atrás, se conoció que la Corte Suprema dejó firme un fallo que reconoció a Louis Dreyfus Company (LDC Argentina) los derechos de exportación que pagó de más en operaciones alcanzadas en trigo por resoluciones de 2007 y 2008. Entre ellas está la resolución 125 de derechos de exportaciones móviles, que en 2008 impulsó el gobierno de Cristina Kirchner y desató un conflicto con el campo que terminó con el recordado voto “no positivo” de Julio Cobos en el Senado, que sepultó la iniciativa oficial.
El máximo tribunal declaró “inadmisible” un recurso extraordinario de la Dirección General de Aduanas (DGA), con costas. Y así quedó firme una sentencia de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que había declarado inválidas. Apuntó contra la falta de una ratificación legislativa.
Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti firmaron la decisión en base al artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que le permite rechazar el recurso extraordinario.