La polémica por el fallido sistema de registros genealógicos en la Sociedad Rural Argentina (SRA) sumó en las últimas horas un nuevo capítulo. Un grupo de socios y cabañeros envió una carta al presidente de la entidad, Nicolás Pino, para expresar su “preocupación general” por el funcionamiento del software contratado para administrar los registros y exigir explicaciones urgentes sobre el estado del servicio, los costos asumidos y la contratación de una auditoría externa independiente.

En la carta fechada ayer, 27 de abril, los 21 firmantes remarcaron que el sistema de registros genealógicos representa “uno de los servicios centrales y esenciales” de la institución y recordaron que esa función fue “uno de los pilares sobre los que se fundó la SRA y mantuvo siempre su excelencia a través de los años”.

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Sin embargo, advirtieron que esa estructura histórica hoy presenta severas deficiencias. “No escapa a vuestro conocimiento la situación de precariedad en que se encuentran hoy esas funciones esenciales de la SRA”, señalaron.

“Registros que durante toda la vida han funcionado correctamente hoy ya no prestan el servicio confiable que tuvieron. Los novedosos y costosos sistemas que se han adoptado para el mantenimiento de los registros han colapsado y las quejas de los usuarios han proliferado como usted ya debe haber sabido”, dijeron.

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La preocupación de los socios aparece en medio de la fuerte interna política que atraviesa la SRA, luego de las acusaciones cruzadas entre la actual conducción y el sector que responde al vicepresidente Marcos Pereda por el contrato del software, cuyo costo habría superado los tres millones de dólares.

En ese contexto, los firmantes reclamaron que la conducción brinde precisiones sobre la situación actual del sistema y sobre el proceso contractual que derivó en este escenario.

“Consideramos —y respetuosamente exigimos— que el señor presidente tome decisiones”, remarcaron, antes de enumerar una serie de pedidos concretos dirigidos al titular de la entidad.

El primero de esos planteos apunta a obtener información institucional clara sobre el funcionamiento actual del sistema. “Provea a la brevedad a los socios una explicación llana, transparente y honesta de la situación actual de los registros genealógicos”, solicitaron.

Además, exigieron detalles sobre las condiciones bajo las cuales fue contratada la plataforma y sobre los sobrecostos que debió afrontar la entidad con el correr del proyecto.

En ese sentido, pidieron que la presidencia “provea a los socios la misma explicación llana, transparente y honesta relacionada a las condiciones originales de contratación de los nuevos sistemas y los mayores costos incurridos por la SRA con posterioridad”.

El reclamo no se limita a los costos, sino que también cuestiona la efectividad de la herramienta adquirida. En la carta subrayaron que, pese a las erogaciones realizadas, los nuevos sistemas “no están prestando un servicio mínimamente confiable”.

El punto más fuerte del planteo pasa por el pedido de una revisión externa sobre el proceso de contratación y la calidad del software implementado. Solicitaron “que se contrate una firma independiente de auditoría forense, seleccionada con criterios de objetividad y en un marco de licitación que asegure competencia”.

Para los firmantes, esa auditoría debería actuar “como asesores de la SRA en su conjunto”, con el objetivo de “proteger sus intereses e informar a todos los asociados sobre los contratos celebrados, sus costos originales y la razonabilidad de los mayores costos incurridos”.

Por último, estos socios también reclamaron que esa revisión determine “la calidad y funcionamiento de los sistemas comprometidos y efectivamente instalados”.

Firmaron la carta, según se difundió: María Clara Busquet; Juan Pablo Cevey; Guillermo Estrugamou; Gladis Yanzi; Patricia Lloret; Carlos A. Vila Moret; Cristina Cayol de Gibelli; Enrique Wilson-Rae; Adrián Barbieri; Andrew Murchison; Mercedes Elissondo; Facundo García Robin; Patricia Susana Iglesias; María Susana Azzi; Adela Nores; Adela Nores e Hijas; Carlos Bianciotti Hnos y Cía; José Plumet; Daniel V. Cimolai; Sucesión de Pedro Lloret; María Inés Bosisio.