Todas las negociaciones fueron por medio de chats de WhatsApp. Cuando se llegó a un acuerdo por el valor y la forma de pago, se fijó un punto de encuentro, en una esquina del barrio porteño de Parque Patricios. Fue en ese lugar que M. P. recibió la licencia que había solicitado. Fue una “tramitación rápida”, como la denominó el gestor. Lo que no sabían los falsificadores detrás de la maniobra era que el comprador del carnet de conducir trucho era un oficial de la Policía de la Ciudad que hacía las veces de “agente revelador” para tener la prueba clave y avanzar en la investigación.

En los últimos dias, el cerebro detrás de la falsificación de licencias de conducir, Sebastián L., un vecino de Almagro de 30 años, fue condenado a la pena de tres años de prisión en suspenso.

Además, según el “acuerdo de avenimiento” homologado por la jueza en lo penal, contravencional y de faltas porteña María Araceli Martínez, Sebastián L. deberá cumplir una serie de obligaciones, como “adoptar oficio, arte, industria o profesión, adecuado a su capacidad”.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales al tanto de la resolución. En la causa, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad estuvo representado por el fiscal Roberto Néstor Maragliano.

Detrás de la falsificación y comercialización de licencias de conducir no estuvo solo Sebastián L.; hubo otras 26 personas que participaron del plan criminal.

Los sospechosos, según el fallo integraron “una asociación destinada a la confección y comercialización de licencias de conducir”, plan criminal que “fue llevado a cabo de manera organizada, con permanencia en el tiempo, con división de roles y acuerdo de voluntades mutuo”.

Sebastián L., explicaron fuentes judiciales, “actuaba como captador, comercializador y coordinador de los integrantes de la asociación” y, por medio de “redes sociales y mensajería instantánea ofrecía ‘tramitaciones rápidas’ de licencias de conducir, recibía los datos de los interesados, gestionaba pagos en efectivo o mediante billeteras virtuales y coordinaba la entrega de los documentos apócrifos”.

Tras la prueba clave obtenida por el agente revelador, se hizo un allanamiento en el domicilio de Sebastián L. “se hallaron papeles con anotaciones de montos de dinero y nombres, y licencias de conducir a nombre de terceros, lo que corroboró su rol de nexo con los clientes”.

También se le secuestraron 53 licencias de conducir apócrifas, a nombre de distintas personas.

“Se corroboró que la organización que integraba el imputado ofrecía la ‘tramitación rápida’ de licencias de conducir a través de redes sociales. Recopilaba los datos de los clientes mediante grupos de WhatsApp, por donde también gestionaba los cobros a través de billeteras virtuales y coordinaba la entrega de las licencias apócrifas.

Del análisis de la computadora y de los teléfonos incautados surgió que Sebastián L. respondía a una persona aún no identificada que se hacía llamar Ezequiel. A este último se le enviaban los datos aportados por los clientes vía WhatsApp, y luego informaba cuando las licencias apócrifas estaban listas para su entrega.

De este modo, el imputado las recibía en su domicilio —según se desprende del allanamiento— y posteriormente coordinaba su distribución a través del resto de los integrantes de la organización, de acuerdo con el análisis de los dispositivos secuestrados. Así ocurrió con el agente revelador, a quien un hombre que se hacía llamar Matías le entregó una licencia a su nombre”, se sostuvo en el fallo que homologó el acuerdo de avenimiento entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa.

Y agregó: “Asimismo, además de actuar como nexo entre los demás integrantes y el llamado Ezequiel, Sebastián L. también participaba en la captación de clientes mediante redes sociales. De las tareas de campo y del análisis del contenido de los dispositivos secuestrados durante el allanamiento se obtuvieron conversaciones con clientes, datos personales, montos abonados y las licencias apócrifas como resultado de la investigación.

La falsedad de las licencias quedó acreditada no solo porque un particular ajeno a cualquier organismo estatal gestionaba y entregaba carnets de conducir, sino también a partir de las tareas investigativas realizadas por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad”.