MADRID.– Una investigación internacional sobre presunto blanqueo de capitales vinculada al saqueo de fondos públicos en Venezuela derivó en la imputación del expresidente de gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Éste, cuya declaración fue pospuesta al 17 y 18 de junio, deberá comparecer ante la Audiencia Nacional por supuestos delitos de tráfico de influencias, falsedad documental y organización criminal.

El origen del caso se remonta a una conversación detectada por la Autorité des Marchés Financiers (AMF), el regulador bursátil francés, en un chat de la aplicación Signal, considerada una de las más seguras. Entre el 30 de septiembre y el 11 de octubre de 2022, el empresario franco-peruano Felipe Baca y el bróker venezolano Danilo Diazgranados —que utilizaba el alias “Jetser”— intercambiaron mensajes en los que este último mencionaba a un “cliente” en Venezuela interesado en blanquear una “importante cantidad de dinero en efectivo”, supuestamente procedente del pago de obras.

A partir de ese intercambio, las autoridades comenzaron a seguir el rastro del dinero, lo que permitió destapar una compleja red internacional de sociedades utilizada presuntamente para lavar fondos. Baca ofreció para ello la estructura de su firma Adamas, una trama empresarial con ramificaciones en múltiples jurisdicciones, incluyendo Islas Mauricio, Suiza, Gran Bretaña, Países Bajos y España. El acuerdo entre ambos se habría cerrado en un restaurante de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, según consta en el sumario.

Las pesquisas condujeron a la detención e interrogatorio en Suiza del empresario holandés Simon Verhoeven, señalado como gestor de varias filiales del entramado. En su declaración ante la fiscalía de Ginebra, Verhoeven aseguró que sociedades vinculadas a Adamas habían concedido préstamos millonarios a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas, los cuales fueron posteriormente reembolsados en su totalidad.

Sin embargo, los investigadores determinaron que esos fondos procedían del rescate público de 53 millones de euros otorgado por el Estado español a la compañía durante la pandemia. Según la investigación, parte de ese dinero habría sido canalizado a través de operaciones sucesivas: una de las sociedades del grupo, Allpa Wira, vendió oro por valor de 30 millones de euros a otra firma con sede en Emiratos Árabes Unidos, también controlada por Baca, denominada Al Joud. Desde allí, los fondos habrían sido transferidos a cuentas en Panamá y finalmente retornado al supuesto beneficiario inicial, identificado como Rodolfo Reyes, vinculado a Plus Ultra.

El esquema, según los investigadores, habría permitido que dinero de origen ilícito realizara un recorrido internacional para regresar posteriormente blanqueado a su punto de partida. Reyes, también mencionado en los chats como “Rodomax”, es objeto de una orden internacional de detención emitida por la Audiencia Nacional, que lo vincula además con otras operaciones sospechosas, como la presunta transferencia de entre cinco y ocho toneladas de oro hacia Dubai a través de una aerolínea.

La investigación tomó impulso en España tras una comisión rogatoria enviada por Suiza en 2024. Ese mismo año, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron una propiedad de Verhoeven en Mallorca, donde hallaron dinero en efectivo, lingotes de oro y artículos de lujo valorados en cientos de miles de euros.

El avance de las pesquisas llevó a la Fiscalía Anticorrupción a presentar una denuncia que derivó en la imputación de Zapatero, en el marco del denominado “caso Plus Ultra”. El sumario sostiene que el exmandatario habría encabezado una estructura destinada a mediar con organismos públicos para obtener beneficios económicos, con la participación de una red de empresas y colaboradores que canalizaban los pagos, incluyendo una sociedad vinculada a sus hijas. El juez instructor lo sitúa en el “vértice” de una estructura “estable y jerarquizada” de tráfico de influencias, apoyada en una red societaria que habría operado tanto en España como en el exterior.

La causa también examina si Zapatero influyó en la concesión del rescate estatal a la aerolínea a cambio de contraprestaciones económicas. Los investigadores analizan pagos que, en su caso, ascenderían a unos 1,95 millones de euros, presuntamente canalizados a través de una consultora —Análisis Relevante S. L.— que el magistrado considera una posible sociedad instrumental utilizada para firmar contratos con empresas interesadas en obtener favores políticos.

El expresidente, que gobernó España entre 2004 y 2011, negó cualquier irregularidad y sostiene su inocencia.

Inicialmente prevista para comienzos de junio, su declaración como imputado fue aplazada por decisión judicial a los días 17 y 18 de junio, a pedido de su defensa, que alegó la complejidad del sumario. El aplazamiento fue solicitado por su abogado, el catedrático Víctor Moreno Catena, quien argumentó la necesidad de analizar miles de folios, informes policiales y documentación incorporada recientemente tras el levantamiento parcial del secreto de sumario. El juez José Luis Calama incluso reservó dos jornadas completas para la comparecencia ante la posibilidad de que se extienda.

El Gobierno español, encabezado por Pedro Sánchez, defendió la legalidad del rescate y subrayó que el procedimiento fue “absolutamente transparente”. La vocera del Ejecutivo, Elma Saiz, insistió en la necesidad de respetar la presunción de inocencia del exjefe de Gobierno, en medio de crecientes cuestionamientos políticos.

En tanto, Zapatero difundió un video tras el registro policial en su domicilio en el que rechazó las acusaciones y aseguró que nunca ha participado en sociedades mercantiles ni en operaciones de este tipo, reafirmando que toda su actividad se ha desarrollado “con absoluto respeto a la legalidad”.

Agencia AFP y diario El País