CÓRDOBA.- Pasado mañana, en la Cámara Criminal y Correccional de Villa Dolores, el exvicegobernador, exlegislador y exfuncionario nacional Oscar González enfrentará el juicio por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas, ambos calificados por la conducción imprudente de un vehículo. El proceso, de alto impacto político, es por el choque que protagonizó el 29 de octubre de 2022 en el Camino de las Altas Cumbres en el que murió una mujer, dos adolescentes sufrieron heridas, una de ellas quedó con graves secuelas de ese impacto.

González, al volante de una BMW X1, chocó de frente contra un Renault Sandero conducido por Alejandra Bengoa, de 56 años, quien murió en el momento. Quedaron con graves heridas su hija y una amiga, Marina y Alexa, ambas de 14 años.

Alexa quedó parapléjica. Dijo que no vio “mucho porque fue muy rápido. Solo vi el auto irse encima de nosotras y nada más”.

Recordó que cuando se “despertó vio “mucha sangre”: “De repente desperté y ya no sentía nada, pensé que era el shock y que iba a recuperar la sensibilidad, pero luego fue muy difícil ver que en el hospital pasaba el tiempo y no recuperaba nada. Luego me dijeron que tenía la lesión medular”.

El BMW X1 que manejaba González había sido entregado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a la Legislatura. El dominio era de un auto inscripto en Quilmes que incluso estuvo en poder del exarquero, Gastón Sessa, quien contó que recibía multas desde Córdoba, a pesar de no haber viajado a esta provincia. Cuando se detectó que había una camioneta “melliza”, el deportista devolvió la suya.

El auto integraba la lista de los vehículos judicializados – fue incautado por robo y tenía la patente clonada – y fue cedido en 2019 a la Legislatura. Según explicó la Justicia, sabían que la patente estaba clonada, pero la ley provincial 8550 (que rige el sistema) establece que el vehículo “debe seguir circulando en las mismas condiciones en las que fue incautado”. La “responsabilidad de circulación y seguro corresponde al organismo al que le fue entregado”, plantearon desde Tribunales.

Por usar un auto oficial González enfrentó una causa en la Justicia Federal; finalmente la Cámara Federal dictó su sobreseimiento definitivo en la imputación de “depositario infiel”.

El defensor de González, Miguel Ortiz Pellegrini, aseguró que ya hay una “condena mediática” relacionada con los roles que ocupó su cliente en el Gobierno cordobés. Insistió en que este juicio debe restringirse solo a lo que pasó en octubre del 2022.

Mientras que para la defensa la responsabilidad del choque fue de la conductora que falleció, para la querella González realizó una maniobra temeraria que debe encuadrarse como homicidio simple con dolo eventual. En ese sentido los abogados de las familias de las víctimas, Germán Romero Marcón, Lucas Cocha y Emiliano Binante, buscarán el cambio de la tipificación del delito.

En noviembre del año pasado el juez Santiago Camogli rechazó la probation solicitada por la defensa de González, que incluía el ofrecimiento de una reparación económica por $340 millones.

Al momento de hacer la oferta, precisaron que al exlegislador le prestarían el dinero unos amigos porque tiene sus cuentas embargadas porque está procesado por la Justicia federal de Córdoba por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, e imputado, además, por supuesta omisión, falsedades e inexactitudes de sus declaraciones juradas. Son derivaciones de la causa del choque en Altas Cumbres.

Por esas imputaciones González cumplió un año de prisión domiciliaria, pero fue excarcelado en febrero último por resolución del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja.