Pasaron ya casi 20 años del conflicto del campo con el kirchnerismo, que tuvo el triste intento de imponer retenciones móviles que llevaron a una protesta en el interior durante casi cuatro meses. Aún persiste una arcaica resolución de esa época: la 2018 de 2008 de la Dirección Nacional de Vialidad, que dejó sin efecto convenios que permitían la siembra en franjas adyacentes a las banquinas de las rutas nacionales. Se limitó así una posibilidad de generar ingresos y mantener productivas a miles de hectáreas con aptitud para la producción agrícola con cultivos de baja estatura, como el trigo y la soja, sin afectar la visibilidad necesaria para la seguridad vial.

Así como pasaron casi dos décadas de esa medida del kirchnerismo, también ya pasaron más de dos años del gobierno de Javier Milei y la desregulación que viene pregonando no ha tocado este punto. Todo parece ir en el sentido de dejar las cosas como están, impidiendo la posibilidad de poner en producción los laterales que van desde las zonas de seguridad de la banquina hasta el alambrado. Paradojas de una administración que dejó en el archivo, intocable, esa norma del gobierno de Cristina Kirchner, impulsada por el nefasto Claudio Uberti.

Sin embargo, como se acaba de conocer, un diputado nacional del Pro presentó un proyecto para terminar con esa resolución y, tal como dijo, “recuperar una práctica que supo generar valor”. La iniciativa del legislador Javier Sánchez Wrba va en la línea de permitir el uso agrícola de las franjas adyacentes a las rutas nacionales, con exclusión de las banquinas y las franjas de seguridad establecidas por la normativa vigente. Para habilitar esto, promueve un sistema de permisos de uso precario y oneroso y lo recaudado por esta habilitación se destinará al mantenimiento de la red vial nacional, hoy muy deteriorada. Si se cumple la previsión de que este año la Argentina cosechará más de 160 millones de toneladas de granos, eso significará un transporte por rutas nacionales, provinciales y caminos rurales de miles de camiones. Aunque fuera una recaudación menor, un régimen que implique el pago de un canon por la siembra en las zonas de cercanía de las banquinas ayudaría a colaborar con la mejora de la red vial.

Ese diputado no está solo en su iniciativa. La acompaña otra decena de legisladores, entre ellos, el presidente del Pro en la Cámara baja, Cristian Ritondo, y el titular de la Comisión de Agricultura, Martín Ardohain.

El proyecto, en tanto, aborda las suficientes cuestiones para dejar atrás el temor a habilitar la siembra en los lugares mencionados. Se menciona allí que la autoridad competente deberá establecer condiciones técnicas mínimas como las especies permitidas y prohibidas, considerando criterios como su altura y desarrollo, entre otros puntos. También, con foco en la seguridad vial, remarca que se deberá garantizar la preservación de la calzada y de las banquinas con zonas libres de obstáculos y preservación. Para darle transparencia a lo actuado, contempla una convocatoria pública con la debida publicidad para su acceso e igualdad de oportunidades.

En Santa Fe y en Córdoba, dos de las principales regiones agrícolas del país, no está permitida la siembra en los espacios contiguos a las rutas provinciales, al margen de la restricción nacional. Quien lo hace corre el riesgo de sanciones. En Entre Ríos, la Dirección Provincial de Vialidad puede otorgar permisos para las rutas provinciales que, no obstante, no se están concediendo, han dicho, por la complejidad de los requisitos.

Se suma el caso de la provincia de Buenos Aires, donde la ley provincial 10.342 autorizó a los municipios “a otorgar permisos de uso, a favor de terceros, de las franjas adyacentes a las rutas y/o caminos integrantes de la red vial provincial, excluyendo la superficie reservada por las normas vigentes para las banquinas…” Son permisos de un año renovables, que contemplan un sistema de reparto de lo recaudado para consejos escolares, bomberos y el mantenimiento de la red vial de las municipalidades.

En este contexto, la iniciativa del legislador de Pro propone no solo desterrar para las rutas nacionales una traba que viene desde 2008, sino aprovechar un uso realmente productivo a miles de hectáreas hoy ociosas.