LONDRES.- En un nuevo giro en el escándalo que sacude a la familia real británica, la Policía del Valle del Támesis reconoció este jueves que las órdenes judiciales utilizadas para allanar propiedades vinculadas con Andrew Mountbatten-Windsor, hermano menor del rey Carlos III, fueron emitidas de manera irregular y debieron ser anuladas.

La admisión, realizada ante el Tribunal Superior de Londres, supone un revés para la investigación contra el expríncipe, detenido en febrero bajo sospecha de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público por sus presuntos vínculos con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El juez Nicholas Hilliard señaló que la Policía del Valle del Támesis cometió un error significativo al solicitar las órdenes judiciales que permitieron registrar dos propiedades vinculadas con Andrew Mountbatten-Windsor e incautar documentos y dispositivos electrónicos en el marco de una investigación por presunta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público.

El reconocimiento se produjo después de que la policía y los abogados del expríncipe acordaran, antes de la audiencia de este jueves, que las órdenes debían ser anuladas. El equipo legal de Mountbatten-Windsor había cuestionado su validez mediante un procedimiento de revisión judicial, al considerar que los registros carecían del fundamento jurídico necesario.

En un comunicado, la Policía del Valle del Támesis aclaró que el acuerdo se refería exclusivamente a la base legal utilizada para autorizar los allanamientos y que no implicaba un pronunciamiento sobre el fondo de la investigación. “Reconocemos que la decisión inicial del tribunal de emitir las órdenes en virtud de la legislación específica utilizada fue incorrecta y, por lo tanto, estas deben ser legalmente anuladas”, sostuvo la fuerza.

Please see our statement in relation to the legal challenge regarding our misconduct in public office investigation. pic.twitter.com/aHPVVRTRK9

Sin embargo, la anulación abre un nuevo frente de disputa judicial sobre el destino de las pruebas obtenidas durante los registros. Según explicó la policía, todavía están en marcha otros procedimientos legales para determinar cómo deberá gestionarse el material incautado y si las autoridades pueden conservarlo y utilizarlo como parte de la investigación.

Mountbatten-Windsor, de 66 años, fue detenido el 19 de febrero bajo sospecha de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público. Tras permanecer 11 horas bajo interrogatorio, recuperó la libertad, aunque continúa bajo investigación. Hasta el momento no fue acusado formalmente y niega haber cometido irregularidades.

El caso gira principalmente en torno a las sospechas de que el hermano menor del rey Carlos III compartió información confidencial del gobierno británico con Jeffrey Epstein en 2010, cuando se desempeñaba como enviado comercial del Reino Unido. Sin embargo, la policía advirtió que también podría examinar otros asuntos a medida que avance la investigación.

Las órdenes de registro habían sido emitidas antes de su detención, al amparo de una legislación vinculada con documentos utilizados en actividades comerciales o en funciones remuneradas o no remuneradas sujetas a compromisos de confidencialidad. Según se explicó ante el tribunal, la Policía del Valle del Támesis reconoce ahora que el juez que autorizó los allanamientos no contaba con elementos suficientes para establecer que se cumplían los requisitos legales exigidos.

Mountbatten-Windsor no estuvo presente en la audiencia de este jueves. Su abogado, Stephens, del estudio Howard Kennedy, consideró que la decisión representa apenas el primer paso de una impugnación judicial más amplia y puso en duda la posibilidad de utilizar las pruebas obtenidas. “En realidad, se trata de pruebas viciadas. Fueron obtenidas de manera indebida”, afirmó. Y agregó: “Por lo tanto, deberían quedar excluidas de cualquier juicio penal”.

La investigación cobró impulso después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicara millones de páginas de documentos relacionados con Jeffrey Epstein, el financista condenado por delitos sexuales que murió en prisión en 2019. La difusión de esos archivos volvió a colocar bajo escrutinio los vínculos que el exduque de York mantuvo durante años con Epstein y reavivó una controversia que persigue a la familia real británica desde hace más de una década.

Mountbatten-Windsor ha negado reiteradamente haber cometido irregularidades en relación con el financista. Sin embargo, su relación con Epstein provocó una sucesión de escándalos que terminaron por apartarlo de la vida pública y profundizaron su distanciamiento de la monarquía.

Ya en 2011, varios legisladores británicos habían cuestionado esa relación mientras todavía ejercía como enviado comercial especial del Reino Unido, cargo al que renunció ese mismo año. La controversia volvió a estallar en 2019, cuando concedió una polémica entrevista a la BBC en la que intentó explicar sus vínculos con Epstein. Lejos de despejar las sospechas, sus declaraciones desataron una ola de críticas y precipitaron su retirada de las funciones oficiales de la familia real.

Años después, Carlos III decidió despojar a su hermano de sus títulos y honores reales, en un intento por distanciar a la Corona de las repercusiones del escándalo. Pese a esa ruptura institucional, Mountbatten-Windsor continúa recibiendo apoyo financiero de los fondos privados del monarca, aunque el Palacio de Buckingham dejó en claro que esos recursos no pueden destinarse a financiar la impugnación de las órdenes de registro.

Por ahora, el revés judicial no supone el cierre de la causa ni elimina las sospechas que pesan sobre el expríncipe. La Policía del Valle del Támesis insistió en que la investigación por presunta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público sigue abierta y aseguró que sus agentes continuarán explorando “todas las líneas de investigación razonables” para esclarecer el caso de manera justa y eficaz.

Agencias AP y Reuters