El Instituto Almafuerte de 9 de Abril, localidad del partido bonaerense de Esteban Echeverría, tendrá finalmente al menos un año más de actividad. Hasta ayer, la institución enfrentaba el riesgo de cerrar sus puertas en diciembre a raíz de un fallo judicial que había generado una fuerte reacción de la comunidad educativa. 24 horas después, sin embargo, la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora hizo lugar a un pedido del colegio, al que asisten más de 1400 alumnos, y resolvió la continuidad de sus autoridades, además de prorrogar el cese de su actividad hasta la finalización del ciclo lectivo 2027.

La decisión fue comunicada ayer a las familias, docentes y alumnos mediante un comunicado firmado por las propietarias María del Carmen Motta y Ana María Falzarano, y por el representante legal de ambas socias de la gestión del establecimiento, Rodrigo Pintos Falzarano. “La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Lomas de Zamora nos ha notificado que resolvió que el Instituto Almafuerte debe seguir siendo conducido por sus legítimas autoridades y, lo que es más importante, prorrogó el cese de la actividad educativa al momento en que finalice el ciclo lectivo del año 2027”, señalaron.

En consecuencia, anticiparon la apertura de la matriculación para el próximo año. “Sin perjuicio de ello, nos encontramos abocados a procurar una solución que ponga punto final al conflicto judicial”, indicaron en el texto, en el que evitaron presentar la decisión como el final de la disputa societaria.

La decisión representa otro giro en el conflicto que desde hace años enfrenta a socios y herederos de la sociedad que administra el colegio y que había dejado al establecimiento al borde del cierre. Hasta ayer, una resolución dictada por la misma sala de la Cámara había ordenado la disolución de la sociedad y la liquidación del inmueble, y fijaba el 31 de diciembre de este año como fecha límite para la actividad educativa. El nuevo fallo, según pudo saber LA NACION, llevó alivio a la comunidad del Almafuerte, situada a metros del Camino de Cintura y, desde su fundación en 1960, estrechamente ligada al barrio que creció a su alrededor.

La decisión judicial se produjo apenas un día después de la multitudinaria movilización de la comunidad educativa en el patio del establecimiento. Padres, alumnos, docentes, exalumnos, comerciantes y vecinos reclamaron por la continuidad de la institución que, además de una matrícula actual que supera los 1400 estudiantes distribuidos entre los niveles inicial, primario y secundario, cuenta con un plantel docente y no docente integrado por más de 100 personas.

El conflicto que puso al Almafuerte al borde del cierre se remonta a 2011, cuando murió Orlando Antonio Pintos, uno de los socios históricos de la institución. La escuela había sido fundada décadas antes, cuando la zona todavía estaba poblada de casas quintas y descampados, por Domingo Antonio Francisco Motta, su esposa Carmen Fernández Veiga y su hija María del Carmen. Más tarde se incorporaron a la sociedad Pintos, que ya era docente, y posteriormente su colega Ana María Falzarano.

El Almafuerte se convirtió no solo en una referencia para una zona periurbana donde escasean las ofertas educativas, sino también en una fuente de empleo y un punto de apoyo para la actividad comercial de los alrededores. La gestión compartida por los Motta, representados hoy por María del Carmen, Pintos y Falzarano, funcionó con prosperidad hasta la muerte de Pintos, hace 15 años. Desde entonces se desencadenó un largo conflicto entre su viuda y dos de sus hijos, por un lado, y los socios restantes, por el otro.

Ante la falta de un acuerdo para desprenderse de su participación, los herederos recurrieron a la Justicia y reclamaron la disolución de la estructura societaria y la liquidación del colegio. En 2024, una sentencia de primera instancia había encontrado una vía para encauzar el conflicto y permitir la continuidad del establecimiento. Sin embargo, la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora revirtió posteriormente esa decisión y ordenó avanzar con la disolución de la sociedad y la liquidación del inmueble. Ese fallo había fijado el 31 de diciembre de 2026 como horizonte para el cese de la actividad del colegio, que mantuvo sus instalaciones en buen estado pese a la disputa.

Tras un pedido de revisión de esa decisión por parte de los dueños que pretenden la continuidad de la institución, sumado a la fuerte reacción de la comunidad, el nuevo pronunciamiento del tribunal modificó el escenario en el corto plazo. El Almafuerte continuará funcionando durante todo el ciclo lectivo 2027, aunque su continuidad más allá de ese plazo, junto con la disputa societaria, todavía sigue pendiente.

“Como lo dijimos desde el primer momento: esto solo tiene sentido con los chicos en las aulas y el personal desempeñando sus funciones”, señalaron las autoridades en el cierre del comunicado.