Hasta hace muy poco, el debate sobre los celulares en las aulas parecía limitado a discusiones domésticas: padres preocupados por las distracciones, docentes frustrados por las pantallas encendidas y adolescentes convencidos de que podían estudiar mientras respondían mensajes. Pero en apenas tres años, la discusión dio un vuelco a nivel mundial.

Según datos que presentó hoy la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en 2023 solo uno de cada cuatro países tenía regulaciones sobre el uso de celulares en las escuelas. “Hoy, la proporción ya es de uno cada dos. Y muchos de los países que todavía no avanzaron con leyes específicas, están trabajando en ellas”, explicó Zelmira May, representante del programa Educación de Unesco en el Cono Sur, durante la presentación del estudio “¿Celular en las escuelas? Un tema en la agenda pública de América Latina”.

El informe recopiló y comparó información de 12 países de la región sobre el abordaje de este tema, a partir de datos oficiales presentados por los gobiernos de esos países. La Argentina se encuentra entre los países que no cuentan con regulaciones nacionales sino provinciales: en diez 10 provincias y en la ciudad de Buenos Aires, se promulgaron leyes sobre la regulación de celulares en las aulas. En algunos casos, la ley se refiere únicamente a los teléfonos móviles; en otros incluye otras tecnologías, mientras que en algunas provincias se excluye a los celulares no solo de las clases, sino también del recreo y de todo el horario escolar.

Según explicó Roxana Morduchowicz, autora del trabajo y consultora principal de Unesco en ciudadanía digital, el crecimiento de estas políticas a nivel regional refleja una preocupación cada vez más extendida: entre los argumentos más utilizados se menciona el deterioro de la atención, el impacto sobre la convivencia escolar, el cyberbullying, la salud mental y la dificultad de las escuelas para competir con dispositivos diseñados para capturar la concentración de manera permanente.

Sin embargo, el informe de Unesco advierte que todavía no existen evidencias concluyentes de que limitar el uso de celulares hasta ahora haya mejorado significativamente el rendimiento académico. Y plantea que el gran desafío por delante sigue siendo otro: cómo formar a los chicos como ciudadanos digitales, tanto dentro como fuera del aula.

El estudio fue realizado junto a funcionarios y equipos técnicos de ministerios de Educación y Comunicación de 12 países de la región, que integran el programa “Ciudadanía Digital como Política Pública en Educación en América Latina”, de la Unesco. Postula la necesidad de consultar, escuchar e incluir la opinión de los estudiantes en las legislaciones, algo que ningún país hizo antes de restringir el uso.

Prohibir o restringir

El informe identifica dos grandes modelos de regulación a nivel internacional. Por un lado, la prohibición: una veda total del uso de celulares durante toda la jornada escolar. Es el modelo predominante en buena parte de Europa. Se aplica, por ejemplo, en Francia.

Por otro lado, está el modelo que adoptan la mayoría de los países en América Latina: la restricción, una limitación parcial que permite el uso bajo determinadas condiciones o con autorización docente.

La diferencia tiene una razón: “En Europa pueden prohibir los celulares porque prácticamente todas las escuelas cuentan con computadoras y tablets. En muchos países latinoamericanos el celular sigue siendo la única tecnología disponible”, explicó Morduchowicz. Francia fue pionera en 2018 al prohibir el uso de celulares para menores de 15 años. En 2025 endureció aún más la regulación y dispuso que los estudiantes dejen los dispositivos guardados en lockers.

En América Latina, a marzo de 2026, solo cuatro países cuentan con leyes nacionales específicas: Brasil, Chile, Colombia y Paraguay. En otros casos existen regulaciones provinciales o disposiciones ministeriales, como ocurre en Argentina, en Ecuador y en El Salvador.

Las diferencias también aparecen según el nivel educativo. Paraguay y Ecuador, por ejemplo, limitan la regulación exclusivamente a los estudiantes de primaria. El motivo es práctico: muchas escuelas secundarias solo cuentan con el celular de los alumnos como herramienta tecnológica para trabajar. Algo similar ocurrió en Mendoza. Según relató Morduchowicz durante la presentación, la provincia intentó avanzar inicialmente con una prohibición similar a la europea, pero tuvo que retroceder cuando advirtió que en muchas aulas el teléfono era la única posibilidad real de acceder a recursos digitales.

En casi todos los países, las normas incluyen excepciones: cuestiones de salud, necesidades especiales, emergencias, pedidos de las familias o actividades pedagógicas. Esto es algo que no se contempla en Europa, indicó.

Distracciones y cyberbullying

El documento también analizó los argumentos usados por los países que impulsaron legislaciones restrictivas. Los motivos se repiten. El primero es la distracción. Docentes y especialistas describen aulas atravesadas por notificaciones constantes y estudiantes pendientes de revisar mensajes de manera compulsiva. Según explicó May durante el encuentro, cada interrupción puede demandar alrededor de 20 segundos, en el mejor de los casos, para que un alumno, aunque no toque el teléfono, vuelva a concentrarse plenamente. “La atención se fragmenta”, sostienen quienes apoyan las restricciones.

El segundo gran argumento es el cyberbullying. Muchos gobiernos consideraron que limitar el acceso a redes sociales durante el horario escolar ayuda a reducir situaciones de hostigamiento, agresiones y exposición pública entre adolescentes. A eso se suman otros argumentos vinculados con el impacto sobre la salud mental y al exceso de tiempo frente a pantallas, la pérdida de interacción cara a cara y el rendimiento académico. También aparecen preocupaciones por las trampas escolares y el uso de inteligencia artificial generativa para responder consignas de manera automática.

Al analizar las fuentes de información en las que se basaron para impulsar leyes que restringieran el uso de celulares, el informe señala que se refieren a informes de entidades médicas como uno de los principales respaldos de estas políticas: entre otros, recomendaciones de las sociedades de pediatría de cada país, incluso de países europeos y de Estados Unidos. Además, utilizaron informes de la OMS, que viene alertando sobre los efectos del uso intensivo de pantallas en niños y adolescentes. Sin embargo, no se prioriza el análisis del impacto socioeducativo de la tecnología.

¿Efecto rebote?

El consenso no es absoluto. Quienes cuestionan las prohibiciones sostienen que retirar el celular del aula no elimina automáticamente los problemas que se le atribuyen. También advierten sobre un posible efecto rebote: adolescentes que usan menos el teléfono en la escuela pero compensan luego con un consumo todavía más intenso en sus casas.

Una de las discusiones que todavía está pendiente, indica el estudio, gira alrededor de la evidencia académica. Aunque muchos gobiernos justifican las regulaciones citando los informes de las pruebas PISA de la OCDE, el propio informe de la Unesco advierte que no existen pruebas concluyentes de que prohibir celulares mejore de manera directa el rendimiento escolar. “Eso es algo que se verá con el tiempo. Y no se puede hacer una interpretación lineal porque el rendimiento escolar depende de múltiples factores”, apuntó May.

El informe señala también que los resultados internacionales que analizaron el rendimiento académico después de la restricción de los celulares muestran resultados muy heterogéneos. Algunos estudios encuentran mejoras. Otros no registran diferencias significativas.

Quienes se oponen a la restricción de los celulares en la escuela citan los resultados de PISA 2022. “Este informe indica que las escuelas que prohíben el uso de teléfonos móviles no necesariamente observaron una mejora en el rendimiento de los alumnos y, en algunos casos, incluso, pueden mostrar una correlación negativa. La regulación generalizada, dicen (los detractores de esta medida), no se traduce automáticamente en mejores resultados académicos”, señala el informe.

“El desempeño escolar depende de múltiples factores —condiciones sociales, calidad docente, infraestructura y contexto familiar— y reducir el problema educativo al celular puede resultar simplista”, se explica.

Entre los dilemas que plantea la nueva realidad en las escuelas, también aparecen dudas prácticas: ¿si un alumno no quiere entregar el teléfono, es función del docente o directivo revisar mochilas o bolsillos? También se alerta sobre un posible aumento de la desigualdad. “Si las escuelas no tienen tecnología propia, prohibir celulares puede profundizar las brechas sociales”, advierte Morduchowicz.

El gran desafío pendiente ahora, en este nuevo escenario donde la mitad de los países tienen legislaciones que limitan el celular en el aula, es trabajar con los estudiantes para formarlos como ciudadanos digitales, capaces de moverse con seguridad y de forma responsable en los distintos entornos. “Todavía es incipiente, pero vemos que los países están impulsando programas en ese sentido”, aseguró Morduchowicz.

“No se trata solamente de regular dispositivos, sino de enseñar a convivir con ellos. Se trata de formar ciudadanos capaces de utilizar las tecnologías de manera reflexiva, ética, creativa y participativa. Eso implica enseñar desde cómo distinguir información confiable hasta cómo actuar frente al cyberbullying, proteger la privacidad o comprender el funcionamiento de los algoritmos. Antes la preocupación era garantizar acceso y equipamiento. Después vino la capacitación instrumental. Hoy sabemos que eso no alcanza”, agregó la especialista durante la presentación del informe. “El acceso es apenas el punto de partida. El desafío ahora es alfabetizar en ciudadanía digital”.

Según señala el documento, incluso los países que cuentan con las legislaciones más restrictivas, como Chile y Brasil, que lo prohíben en todos los entornos escolares, se desarrollan actualmente programas específicos de capacitación en ciudadanía digital.

“Los chicos seguirán expuestos al mundo digital dentro y fuera de la escuela”, concluye el documento. “Por eso necesitan desarrollar competencias críticas que les permitan comprender cómo funcionan las tecnologías, cómo los afectan y cómo aprovechar sus oportunidades”.