Ante la degradación imparable del suelo y el avance implacable de las zonas áridas, 11 países africanos pusieron en marcha la denominada Gran Muralla Verde. Se trata de un proyecto de escala monumental que pretende extenderse por 8000 kilómetros, desde Yibuti hasta Senegal, con el objetivo central de crear una barrera natural de árboles para frenar la expansión del Sahara hacia el sur del continente.

La iniciativa, lanzada en 2007, busca restaurar 100 millones de hectáreas de tierras degradadas para 2030, capturando 250 millones de toneladas de carbono y generando 10 millones de empleos verdes.

La urgencia es absoluta. Según datos de las Naciones Unidas, la franja que separa el desierto de la sabana se seca a un ritmo acelerado, provocando un aumento de temperaturas de 1,5 °C por encima de la media global. Este proceso hace que la desertificación avance entre 45 y 60 centímetros por año. Si la tendencia no se revierte, la ONU advierte que, para 2050, cerca de 250 millones de personas podrían verse forzadas a abandonar sus hogares debido a la pérdida de habitabilidad en el centro del continente.

El camino recorrido hasta ahora fue complejo. La Unión Africana admitió que, a dieciocho años de su inicio, solo se completó el 18% del proyecto. El éxito fue desigual: Etiopía se destaca por restaurar 15 millones de hectáreas mediante técnicas sencillas de poda y protección de regeneración natural, mientras que Senegal plantó 12 millones de árboles y Nigeria recuperó cinco millones de hectáreas en su frontera norte. Estas intervenciones permiten a los agricultores asegurar terrenos productivos y fortalecer la resiliencia climática en una de las regiones más vulnerables del planeta.

No obstante, la realidad operativa choca con graves obstáculos. Según la agencia de noticias NPR, una parte significativa del presupuesto destinado —que alcanzó los 31 mil millones de dólares hasta el año pasado— se perdió debido a una deficiente gestión de fondos, episodios de corrupción y los constantes golpes de Estado que sacuden la estabilidad política de los países involucrados. Muchos de los árboles plantados inicialmente se marchitaron por la falta de recursos para mantener sistemas de riego o bombas de agua, dejando a las comunidades en una situación de extrema vulnerabilidad.

Actualmente, unos 135 millones de personas dependen de estas tierras degradadas para su subsistencia. El fracaso en la implementación efectiva de la muralla no solo implica un desastre ambiental, sino que intensifica la inseguridad alimentaria, los conflictos por recursos naturales y los flujos migratorios.

Mientras la Unión Europea y el Banco Mundial se comprometieron en 2021 a inyectar 14 millones de dólares adicionales para acelerar el proceso, el desafío sigue siendo asegurar que la inversión se traduzca en una evidencia tangible sobre el terreno. El éxito de esta obra, vital para la supervivencia de millones de familias, pende hoy de un hilo en medio de un escenario climático y social crítico.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Emiliano Pettovello.