El 23 de diciembre de 2001, en medio de la crisis política y económica desatada por la caída del gobierno de Fernando de la Rúa, asumió como presidente el peronista puntano Adolfo Rodríguez Saá y declaró el default ante la Asamblea Legislativa.

“No siento que sea justo definir a la llamada deuda externa argentina como el endeudamiento contraído por el Estado argentino frente a los acreedores extranjeros”, dijo al anunciar la cesación de pagos. La medida fue aplaudida por la mayoría de los presentes en el recinto de Diputados e implicó el mayor default de la historia, que equivalía a US$144.279 millones de ese momento, el 53,8% del PBI.

Casi un cuarto de siglo después, la Argentina se encamina a cerrar definitivamente las consecuencias de aquella decisión, que marcaron la economía del país durante décadas.

El primer intento de arreglo ocurrió en 2005, bajo la gestión de Néstor Kirchner, cuando el entonces ministro de Economía Roberto Lavagna lanzó un canje con quita del 66% de la deuda por reestructurar que reemplazaba los títulos en default por nuevos bonos con un endulazante: pagaban más intereses si la economía crecía. Se los conoció como bonos cupón PBI que luego, con el tiempo, generarían nuevos conflictos judiciales. La adhesión alcanzó al 76% de los entonces tenedores.

En ese entonces, Kirchner dijo tras anunciar el resultado del primer canje que la deuda en cesación de pago “ha quedado reestructurada” mediante un proceso que calificó de “único y excepcional”, respaldado por “una racional sustentabilidad interna”.

En 2010, durante la presidencia de Cristina Kirchner y con Amado Boudou al frente del Ministerio de Economía, el Estado reabrió el canje y logró que el 92,4% de los acreedores canjeara sus bonos en default.

Para avanzar en ese canje, el Gobierno debió alterar la Ley Cerrojo, un recurso ideado por Lavagna para generar incentivos a su propuesta de reestructuración, que establecía que los acreedores que no ingresaran al canje no recibirían otra propuesta posterior.

El 7,6% restante, sin embargo, inició acciones judiciales contra el país. El litigio derivó en 2014 en un default técnico, cuando el juez Thomas Griesa, del Distrito Sur de Nueva York —ya fallecido—, impuso cautelares que impedían a la Argentina pagarles a los bonistas que sí habían aceptado los canjes anteriores. El fallo fue inédito y tuvo consecuencias concretas como la confiscación de la Fragata Libertad en Ghana.

En abril de 2016, a pocos meses de asumir Mauricio Macri, la gestión del entonces ministro de Economía Alfonso Prat-Gay y su secretario de Finanzas Luis Caputo negoció con los demandantes y pagó US$9300 millones a parte de los holdouts, lo que permitió que Griesa levantara las cautelares. Para cubrir esos compromisos se emitieron los bonos Globales, que en 2020 el exministro de Economía Martín Guzmán reestructuró junto con los títulos de los canjes de 2005 y 2010.

Los nuevos acuerdos de 2016 eliminaron además otros juicios pendientes en Nueva York, con lo que el monto total abonado trepó a US$11.000 millones en 2019. La adhesión acumulada llegó así a casi el 99% de los tenedores de la deuda en default.

Aun así, quedó un pequeño remanente de holdouts que mantuvieron sus demandas vigentes: aquellos que no aceptaron ninguno de los canjes ni la propuesta del gobierno de Macri. Los dos fondos principales son Bainbridge Fund y Attestor Master Value, que cuentan con una sentencia firme contra el país.

“Tras muchos años de litigio, nuestros clientes llegaron a un acuerdo de principio con la República Argentina para resolver las reclamaciones de deuda pendientes”, señaló el abogado Dennis Hranitzky, socio del estudio Quinn Emanuel —quien en 2012 había logrado la confiscación de la Fragata Libertad y hoy representa a Attestor—. “Las partes acordaron suspender los procedimientos mientras se avanza hacia el cierre del acuerdo”, agregó.

Según explicaron a LA NACION en la Procuración del Tesoro, el Estado negoció una quita de entre el 30% y el 35% sobre el total adeudado. El principio de acuerdo se cerró en US$171 millones, aunque su efectivización requiere la aprobación del Congreso, tal como establece la ley de pago a holdouts sancionada en 2016. El plazo fijado vence el 30 de abril, aunque el acuerdo prevé una extensión en caso de que la agenda legislativa lo impida.

“Apelamos a la razonabilidad de los legisladores para que esto continúe a buen término”, dijeron en la Procuración, donde aclararon que, una vez aprobado, la gestión pasará al Ministerio de Economía por tratarse de un compromiso presupuestario.

El largo camino recorrido dejó también una huella en el sistema financiero internacional. La experiencia argentina con los fondos buitre popularizó las cláusulas de acción colectiva (CAC), un mecanismo que establece que, si un país deudor logra la aceptación de una mayoría considerable en una oferta de canje, los términos se extienden automáticamente al 100% de los acreedores.