El fiscal federal Abel Córdoba pidió que el exministro de Planificación Julio De Vido sea condenado a la pena de cinco años de prisión en la causa donde se investiga el supuesto pago de sobornos de la constructora sueca Skanska a funcionarios del kirchnerismo para ampliar gasoductos hace 20 años.

Skansa fue el primer caso de corrupción denunciado en el kirchnerismo y consistió en el supuesto pago de sobornos a funcionarios para la adjudicación de la ampliación de los gasoductos norte (TGN) y sur (TGS) para el transporte de gas natural.

En la causa que juzgan los jueces Jorge Gorini, Gabriela López iñiguez y Néstor Costabel hay 30 imputados, pero el fiscal pidió condenas para De Vido, otros exfuncionarios y para los exdirectivos de la constructora sueca.

Una prueba clave en este caso fue una grabación de la propia empresa realizado en una investigación interna, donde un directivo admitía que se habían pagado sobornos y justificado el dinero mediante el uso de las facturas falsas.

La fiscalía solicitó que sean sobreseídos unos 17 empresarios que enfrentaron el proceso por su supuesta intervención en empresas cuyas facturas falsas se usaron para justificar la salida de los fondos de los sobornos.

El fiscal Córdoba acusó a De Vido de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y cohecho pasivo. Asimismo, pidió cinco años de prisión para el exsecretario de Obras Públicas José López y para el exgerente general de Nación Fideicomisos Néstor Ulloa.

Pidieron también condenar a Mario Piantoni, CEO de Skanska en Argentina, a 4 años y medio de prisión; y a la misma pena a los directivos Gustavo Vago, Javier Azcárate, Héctor Osvaldo Obregón, Eduardo Varni, Juan Carlos Bos, Alejandro Gerlero y Roberto Antonio Zareba.

La fiscalía sostuvo en su resumen final que había una colusión entre funcionarios y empresarios para adjudicar las obras de ampliación de los gasoductos norte y sur a Skanska a cambio del pago de sobornos. Entre asl evidencias hay informes de la Sindicatura General de la Nación, registros telefónicos y correos internos de Skanska.

Según los fiscales, el mecanismo consistió en la manipulación fraudulenta de los procedimientos de selección y contratación, dotando de una legalidad simulada a adjudicaciones previamente acordadas. Se estableció un sistema de toma de decisiones, en el que la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Energía, Enargas y Nación Fideicomisos asumieron roles coordinados para asegurar la adjudicación a Skanska.

Para los fiscales, la participación de De Vido fue determinante, ya que “diseñó y coordinó” el funcionamiento todo los organismos involucrados.

Néstor Ulloa está acusado de administrar los fondos fiduciarios y ser comitente de las obras, participando en la formalización de la selección de Skanska y en la ejecución de los pagos, incluso ante objeciones por sobreprecios.

La fiscalía dijo que hubo sobreprecios de hasta 45 millones de dólares y desvíos de fondos por 15 millones de dólares. Los sobornos que pagó Skanska se justificaron en su contabilidad mediante el uso de facturas falsas con operaciones simuladas con 23 empresas que aparecían como proveedoras, cuando no lo eran. Esas facturas ascendían a 14 millones de pesos, de hace 20 años.

Ese mecanismo, dijo el fiscal, fue aportado por Ulloa, que designó a Alfredo Greco y Adrián López como operadores encargados de gestionar la emisión de facturas apócrifas, coordinar el cobro de cheques y entregar el efectivo a los destinatarios finales.

La fiscalía pidió también sobreseer por falta de pruebas al exdirectivo de Skanska Ignacio de Uribelarrea y a los empresarios Jorge Butti, contador de Conaza SA y AMSA SA; Renato y Walter Cecchi, apoderados de Metalúrgica Cecchi y Gafforini SA; Juan Cruz Ferrari, apoderado de ASM SA; Rubén Gueler, socio gerente de Conisht SRL; Estela Insenga, apoderada de Spital Hermanos SRL; Danimiro Kovacik, presidente de INARGIND; Claudio Moreto, presidente de Conaza SA; Daniel Nodar, socio gerente de Transporte Arco Iris SRL; Raúl Orsini, presidente de CONUMI SA; Blas Luis Pierotti, presidente de GENERART SA; Jorge Roldán, presidente de Metalúrgica Roldán SA; Enrique Rubinstain, asesor comercial de Conalbe SA y Comunication & Business SA; Miguel Spital, apoderado de Spital Hermanos SRL; Alejandro Tettamanti, presidente de ASM SA y Pedro Ubaldo Carrozzo, socio gerente de Darom Construcciones SRL, quienes representaban a las compañías acusadas de la supuesta facturación falsa.

Este expediente tuvo un largo trámite, fue anulado y luego reabierto cuando se admitió la prueba clave: la grabación que el síndico de la empresa Claudio Corizzo le hizo al general comercial de Skanska Javier Azcárate en la que reconoció que se habían pagado los sobornos y que se usaron facturas falsas para justiciar esos fondos.

El Tribunal Oral Federal 4 comenzó el juicio en abril pasado y la sentencia se conocerá a fin de año o el año próximo dada la cantidad de imputados.