La reciente reforma constitucional de la provincia de Santa Fe, que contiene aspectos destacables y modernizó en gran medida la Carta Magna, habilitó también la reelección para la gobernación. Esto ha dejado a Mendoza en una situación inédita dentro del mapa político argentino: es la única provincia cuya Constitución no admite la reelección del gobernador.

Este hecho, lejos de ser un rezago, debe constituir un motivo de orgullo para la ciudadanía mendocina y la clase política local y un ejemplo de compromiso republicano para todo el país.

La prohibición de reelección asegura que ningún gobernador pueda perpetuarse en el poder. Se trata de un límite claro y tajante que evita la concentración de autoridad, fomenta la renovación de liderazgos y garantiza que la alternancia sea una regla efectiva y no solo un principio declamado.

En tiempos en que la política argentina enfrenta crecientes demandas de transparencia, control ciudadano y fortalecimiento institucional, Mendoza sostiene un diseño constitucional que blinda a la provincia contra los riesgos de los personalismos y de los proyectos políticos atados a una figura en particular.

No es casual que reformarla sea tan difícil. Los constituyentes de hace más de un siglo quisieron que así fuera. Venían de una Argentina atravesada por vaivenes, con constituciones que se cambiaban al ritmo de las conveniencias del poder de turno. Frente a esa realidad, concibieron una Carta Magna pensada para perdurar, blindada contra mayorías circunstanciales y escrita para garantizar estabilidad.

La mayoría de las constituciones provinciales argentinas ya han habilitado de una u otra forma la reelección, muchas veces con el argumento de dar continuidad a políticas públicas. Sin embargo, la experiencia nacional e internacional demuestra que la reelección puede convertirse en un mecanismo de acumulación de poder y de debilitamiento institucional, especialmente en contextos de controles frágiles.

Frente a esa tendencia, Mendoza se mantiene firme en la defensa de un sistema que promueve la rotación y que obliga a los dirigentes a pensar en proyectos colectivos, más allá de ambiciones personales.

La no reelección en Mendoza no es solo una cláusula jurídica: es un símbolo de una tradición cívica que apuesta a la república, a la alternancia y al pluralismo. Es una expresión concreta de la convicción de que el poder político es un servicio temporal, y no un patrimonio individual.

Hoy, más que nunca, es fundamental que la sociedad mendocina valore y defienda este rasgo distintivo. Porque en un país donde muchas veces se ensayan reformas para extender mandatos, Mendoza muestra con hechos que el verdadero progreso institucional no se mide por la permanencia de un gobernante, sino por la solidez de sus instituciones.

Abogado de Coninagro