El juez Marcelo Martínez de Giorgi rechazó la competencia de su juzgado en la causa que investiga una presunta estafa alrededor del lanzamiento de la moneda virtual $LIBRA.

Por el momento, el expediente -de alta sensibilidad para el Gobierno por involucrar al presidente Javier Milei en la maniobra- vuelve al juzgado de María Servini.

El movimiento se da en respuesta a lo ocurrido el miércoles. Subrogando a su colega Servini -de licencia hasta el lunes-, el juez Ariel Lijo declaró la incompetencia del Juzgado Federal N° 1 al postular la conexidad con otro expediente que tramita en el juzgado de Martínez de Giorgi.

Esa resolución, antes que por Lijo, fue firmada por uno de los secretarios de la jueza Servini.

En la causa que tiene Martínez de Giorgi se investiga un presunto mecanismo de recaudación por el cual la hermana y secretaria del Presidente, Karina Milei, habría facilitado reuniones o audiencias a cambio de dinero.

Antes, Martínez de Giorgi había señalado que ambos expedientes debían tramitar juntos, pero ayer por la noche rechazó tomar el caso $LIBRA.

En su resolución, señaló que la Cámara Federal ya había definido que estas causas debían correr por separado; que la jueza Servini también sostuvo en el pasado que $LIBRA debía investigarse en su juzgado; y que el juez Lijo no precisó en su resolución por qué la causa debía ahora cambiar de manos.

“No se ha comunicado al tribunal ninguna circunstancia novedosa que autorice ahora a apartarse de las directrices establecidas por la Alzada en los fallos comentados”, advirtió Martínez de Giorgi.

“Ante la imposibilidad de valorar esta nueva perspectiva entiende el tribunal que no corresponde aceptar la competencia atribuida”, agregó.

El caso vuelve ahora al Juzgado de Servini, cuya licencia termina hoy. Si, a su vuelta, Servini insiste con sostener la incompetencia o lo mismo hace antes su colega Lijo, la discusión será zanjada por el presidente de la Cámara Federal, Mariano Llorens.

Llorens deberá resolver si estas causas tramitarán juntas y en qué juzgado -y en consecuencia determinar qué sala de la Cámara Federal intervendrá en el caso-, o si continúan por vías separadas, como hasta ahora.

En el medio, todavía pueden surgir cuestionamientos adicionales por parte de la querella o el fiscal Eduardo Taiano -que interviene en ambos procesos- respecto a la resolución de Servini, a instancias de su colega Lijo.

La causa que sigue tramitando en el juzgado de Martínez de Giorgi fue impulsada por los diputados nacionales de la Coalición Cívica, Frade y Maximiliano Ferraro. Entre otros, por la posible comisión de delito de cohecho, tráfico de influencias y por infringir la Ley de Ética Pública.

Sobre el expediente recae una presión adicional desde agosto, cuando se destrabó el funcionamiento de la comisión en el Congreso que investiga los mismos hechos.

Además de activar algunas medidas de prueba, como citaciones y pedidos puntuales a bancos virtuales, se creó una subcomisión especial compuesta por cinco miembros que buscan tomar contacto con el expediente. Son Yolanda Vega (Innovación Federal), Mónica Frade (Coalición Cívica), Fernando Carbajal (Democracia), Sabrina Selva y Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal).

Allí crece la sospecha de que los movimientos en el terreno judicial responden al intento de seguir de cerca el expediente.

No es la primera vez que surgen contrapuntos respecto de la competencia del caso. Cuando la jueza Sandra Arroyo Salgado peleó por llevar el caso en su juzgado de San Isidro -con el argumento que el tuit del presidente Milei se lanzó desde la Casa Rosada, en su jurisdicción- fue la Cámara Federal de San Martín, en abril, la que declaró la incompetencia de la jueza y llevó el caso a los tribunales de Comodoro Py.