Atomizado en múltiples clanes, el narcomenudeo en el conurbano tiene contornos difusos, con rastros que se pierden en la profundidad de insondables asentamientos. Pero un nombre emerge siempre para corporizar el imaginario del vendedor de drogas: Miguel Ángel Villalba. Y es más conocido aún su alias: Mameluco. Tiene penas unificadas en 27 años de prisión y está alojado en el penal de Ezeiza, dentro del pabellón de controles estrictos que reciben los presos de “alto perfil”. Mameluco es ahora nuevamente juzgado. Esta vez por un caso que impactó a todo el país en febrero de 2022: la comercialización de cocaína mezclada con carfentanilo que provocó 24 muertes y 80 internaciones.

El Tribunal Oral Federal N°5 de San Martín abrió hoy el debate oral para definir las responsabilidad de Mameluco Villalba, de su hijo Iván, conocido como El Salvaje, y de Luca Nahuel “Dylan” Baigorria. Son 39 los imputados que deberán responder por la comercialización de cocaína mezclada con carfentanilo distribuida los primeros días de febrero de 2022 en el barrio Puerta 8, de Tres de Febrero, y en la Villa 18, ubicada el partido bonaerense de San Martín.

El juicio no tratará las muertes de los 24 consumidores como homicidios. El debate busca establecer cómo se organizaba la venta de los lotes adulterados, la ruta del carfentanilo (comercialización, importación y exportación), el rol de cada acusado en la estructura criminal y los vínculos con sectores de la policía bonaerense, a quienes la investigación señala por haber brindado cobertura a la banda narco.

La jueza Alicia Vence —a cargo de la instrucción— no encontró elementos de dolo, es decir que hayan vendido la mezcla sabiendo que podía provocar consecuencias letales. Aun así, las partes buscan desentrañar cómo ingresó el carfentanilo —un opioide 100 veces más potente que el fentanilo y usado como tranquilizante de elefantes— al circuito local de corte de cocaína. A pedido de acusación y defensas, el Tribunal podría citar a autoridades regulatorias de importación y comercialización para reconstruir un posible desvío al mercado ilegal.

“Hoy fue la lectura de los requerimientos de elevación a juicio: son cinco causas acumuladas. Incluyen la comercialización de estupefacientes, el negocio desde la cárcel y también el caso de cohecho con policías. La defensa presentó escritos planteando nulidades, pero recién se tratarán en la próxima audiencia. Nuestro planteo es que se trata de una red de narcotráfico organizado desde la unidad penitenciaria, con vínculos comprobados con efectivos policiales a los que incluso se les acreditó el pago de sobornos. La organización tiene distintos estamentos y está liderada por Villalba y sus hijos. La pena mínima prevista por la ley es de seis años, aunque después se evaluará la responsabilidad de cada uno según el rol en la estructura y a la luz de sus antecedentes”, dijo a LA NACION el fiscal Carlos Cearras, a cargo de la acusación.

Mameluco Villalba tiene un extenso historial judicial. En 2004 fue condenado a 12 años de prisión por encabezar una banda de narcomenudeo en la Villa 18, aunque recuperó la libertad en 2009. En 2011 volvió a ser detenido mientras hacía campaña como candidato a intendente. Tres años después, en 2014, recibió una pena de 13 años por una operación vinculada a 30 kilos de marihuana, y en 2018 se le sumaron 6 años más por lavado de activos. En total, las condenas fueron unificadas en 27 años de cárcel, en expedientes donde quedaron al descubierto sus conexiones con familiares, barras de Boca e integrantes de la comunidad gitana. El año pasado logró una absolución en una de las causas más resonantes: estaba señalado como autor intelectual del secuestro y homicidio de Candela Sol Rodríguez, ocurrido en 2011 en Villa Tesei, partido de Hurlingham, pero el tribunal lo declaró inocente.

El proceso debía comenzar en noviembre de 2024, pero fue postergado en reiteradas ocasiones mientras la Cámara Federal analizaba pedidos de unificación de expedientes. Según informaron fuentes oficiales a LA NACION, durante ese tiempo se barajó la posibilidad de un juicio abreviado, pero el acuerdo no prosperó. Con las prisiones preventivas próximas a vencer y tras el escándalo por las ampollas de fentanilo contaminadas, los magistrados del TOF N°5 fijaron fecha y, finalmente, arrancó hoy el juicio.

La audiencia estuvo a cargo de las juezas María Claudia Morgese Martin y Silvina Mayorga, y del juez Walter Antonio Venditti, quienes leyeron el requerimiento de elevación a juicio y enumeraron las imputaciones. Se prevé un cronograma de tres jornadas iniciales, aunque las defensas solicitaron la citación de 400 testigos, incluidos funcionarios. Por la magnitud de la causa y la cantidad de imputados, el tribunal resolvió trasladar el debate a un espacio más amplio para garantizar la presencia de todas las partes.

El operativo de seguridad fue importante, ya que personal antidisturbios del Servicio Penitenciario Federal se sumó a la vigilancia dentro de la sala de audiencias. Mameluco Villalba seguirá el juicio desde el penal de Ezeiza. En el momento de las muertes en Puerta 8, Villalba se encontraba alojado en la cárcel de Rawson.

Según informaron fuentes oficiales a LA NACION, la próxima audiencia está programada para el 12 de septiembre. Allí, se espera que la defensa exponga sus planteos formales y que la fiscalía avance con la descripción detallada de la organización criminal que, según la acusación, continuó operando incluso después de la tragedia de Puerta 8.

El expediente 33109/2020 le atribuye al clan Villalba la comercialización de estupefacientes realizada entre el 1° y el 2 de febrero de 2022. En esa causa se detalla que la organización tenía bajo su control 480 envoltorios de nylon color rosado y anaranjado con clorhidrato de cocaína mezclada con carfentanilo, que fueron incautados en un búnker de Puerta 8. Ese mismo día, en un operativo paralelo en una vivienda de Loma Hermosa, efectivos de la Policía secuestraron otras dos bolsas con 3346 envoltorios idénticos en color y composición. En total, los investigadores contabilizaron dos kilos de cocaína mezclada con carfentanilo en poder de la banda.

Un segundo expediente 8905/2021, iniciado por una denuncia con identidad reservada en el municipio de Morón y remitido luego por conexidad al departamento judicial de San Martín, habría evidenciado que, pese a las muertes, la organización continuó vendiendo en Puerta 8, Villa 18 y otros puntos del conurbano, amparada —según la investigación— por efectivos de la policía de la Provincia de Buenos Aires. En ese tramo, la conducción operativa en la calle habría quedado en manos de Salvaje Villalba, también desde la cárcel.

El TOF N°5 tiene además pendiente un tramo de la causa vinculada con coimas: la acusación por presunto el pago de $500.000 del clan Villalba al comisario Osvaldo Javier Calderón, al oficial ayudante Diego Fernando Alanís y al oficial Darío Andrés Huamán por liberar a dos vendedores de estupefacientes. Según advirtieron fuentes oficiales a LA NACION, esta maniobra fue detectada por efectivos de la Policía Federal, el 27 de diciembre de 2021, mientras realizaban tareas encubiertas, cerca de la Comisaría 1ª de San Martín. En diferentes escuchas telefónicas, el agente Gabriel Ortiz Rodríguez, alias Warry, contó que contactos de la policía bonaerense le avisaron de los allanamientos del 22 de febrero de 2022, lo que le permitió garantizar su libertad durante todo un año.

En su requerimiento de elevación a juicio, el fiscal federal Paulo Starc había señalado: “Cuando se habla de venta a gran escala de estupefacientes en el conurbano bonaerense se piensa en bandas conformadas por muchos sujetos que organizadamente venden drogas en varios puestos de distintas villas de emergencia. Para lo cual extienden todos sus recursos a los efectos de controlar, si es necesario de forma violenta, el territorio donde realizan sus actividades, como así también realizar ataques a ‘bandas’ contrarias o a algún sujeto que deba ser ‘ajusticiado’. Es también parte del ideario que esas bandas pueden actuar tal como lo hacen por aquiescencia de las fuerzas de seguridad encargadas de su prevención e investigación, favor que las organizaciones narco criminales obtienen mediante el pago de jugosas dádivas. Y es así. Todo ello se probó en el marco de esta investigación”.

Según advirtieron la jueza Vence y el fiscal Starc, el segundo expediente es “una suerte de secuela” de la venta del carfentanilo ocurrida en febrero de 2022 debido a que habrían obedecido “a la misma matriz y presentaban una narrativa similar”. En este contexto, advierten que se habría repetido el grado de complicidad de distintos agentes de las fuerzas de seguridad con la organización. La única diferencia es que por “los allanamientos y detenciones de febrero de 2022, se reemplazaron personas con el propósito de mantener operativa la empresa”.

El expediente aporta intervenciones telefónicas clave. El 24 de enero de 2022, una “encargada” del bunker narco se alarmó por “cómo pegaba” una droga nueva. En este escenario, “los probadores” habían terminado en el hospital.

El 2 de febrero de 2022, en otra intervención telefónica, Mameluco admitió que la cocaína adulterada había sido distribuida por su organización. Sin embargo, en la misma conversación reclamó a Matías Pare y Ruiz, alias Mocho, ya que él había dado la orden de retirar la partida de la calle luego de que dos “probadores” terminaran intoxicados al consumirla. En esa mirada del principal imputado, alguien habría desobedecido esa instrucción.

El expediente también expone la violencia interna del clan Villalba. El 2 de septiembre de 2021, en La Reja, partido de Moreno, Rodrigo Omar Landriel fue acusado de haberse quedado con dinero de la venta drogas y terminó ejecutado en una emboscada. Por ese homicidio agravado, el fiscal Leandro Ventricelli imputó a William Javier “Boli” Zalazar y a Matías “Mocho” Pare.

Al día siguiente, su hermano Matías Landriel decidió alejarse del clan criminal, pero un mes más tarde fue asesinado en Malvinas Argentinas. Para la fiscalía, estos crímenes muestran la lógica violenta de la organización y su capacidad de mantenerse operativa pese a muertes y allanamientos, algo que, según denuncian, solo podría haberse sostenido gracias a la protección policial.