El juicio por la expropiación de YPF en Nueva York está, en la práctica, terminado. Pero Burford Capital, el fondo que financió la demanda contra la Argentina y cuyas acciones se desplomaron un 40% en Wall Street cuando se conoció el fallo favorable al país, no tiene intención de rendirse. La firma notificó a la Argentina su intención de llevar el caso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el tribunal de arbitraje del Banco Mundial. Y, en paralelo, le pidió a la jueza de primera instancia Loretta Preska que autorice usar en ese nuevo proceso toda la información que el gobierno argentino aportó durante el Discovery del juicio neoyorquino.

La Procuración del Tesoro confirmó a LA NACION que recibió la notificación. “La verdad es que lo esperábamos, ya sabíamos qué iba a suceder, y ya estábamos trabajando en ese escenario. Desde el anteaño que nos anticipamos a trabajar en escenarios y preparar documentos. Así que el proceso seguirá su curso y veremos”, dijeron.

Antes de que el arbitraje pueda arrancar formalmente, quedan aún algunos pasos en la causa neoyorquina. Los demandantes —Burford y Eton Park— tienen plazo hasta el 8 de mayo para pedir una revisión ante la propia Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, un mecanismo por el cual no solo el panel de tres jueces que emitió el fallo, sino la totalidad de los magistrados del tribunal analizarían el caso. Recién 90 días después de esa instancia pueden presentar un recurso de certiorari ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

Las chances de revertir el resultado son bajas en ambos casos. La Corte Suprema estadounidense recibe entre 7000 y 8000 peticiones por año y acepta revisar apenas alrededor de un centenar, generalmente vinculadas a cuestiones de derecho federal con amplias implicancias para el sistema jurídico. Un litigio centrado en la interpretación del derecho privado y público argentino difícilmente cumpla ese umbral. Los especialistas que siguen de cerca el expediente coinciden en que, salvo algo extremadamente inusual, el caso en Nueva York este año quedará como cosa juzgada.

La vía que habilita a Burford a llevar el caso al Ciadi es el tratado bilateral de inversiones que la Argentina firmó con España en 1991, que entró en vigor en 1992 y que facilitó el ingreso al país de empresas como Telefónica, Repsol, Marsans y Endesa. El acuerdo no tiene fecha de vencimiento y, a diferencia de otros instrumentos similares, no establece un plazo de prescripción para que una empresa pueda presentar una demanda por incumplimiento. Esto significa que, aunque la expropiación de YPF ocurrió hace 14 años —en 2012—, la puerta del arbitraje sigue abierta.

El fondo puede valerse de este mecanismo porque las empresas Petersen, cuyos derechos litigiosos adquirió Burford por €15,1 millones, fueron constituidas y quebraron en España. Hay, sin embargo, un argumento que la defensa argentina podría esgrimir: que el tratado no debería habilitar un arbitraje cuando los inversores reales son argentinos. La familia Eskenazi, que controlaba las empresas Petersen, nunca tuvo una estructura operativa genuina en España.

Analistas que siguen el caso señalan que los tratados bilaterales de inversión firmados durante la presidencia de Carlos Menem fueron, en general, asimétricos a favor de los inversores. Ningún gobierno posterior los modificó ni acortó los plazos de prescripción, lo que los convierte en una herramienta disponible para cualquier parte que pueda acreditar la condición de inversor extranjero protegido.

El proceso ante el Ciadi no será ni rápido ni público. El tratado con España establece que, una vez que el inversor notifica su intención de demandar, se abre un período de seis meses durante el cual las partes deberían intentar resolver el diferendo de manera amigable. Recién vencido ese plazo, arrancaría formalmente el arbitraje, que en promedio demora entre dos años y medio y tres años hasta que se emite un laudo. A eso pueden sumarse uno o dos años más si alguna de las partes pide la anulación del resultado.

A diferencia del mecanismo de Naciones Unidas —donde los escritos de las partes son públicos—, el Ciadi parte del principio de que el proceso solo le incumbe a las partes involucradas. Todo lo que ocurra en el expediente será confidencial: nadie se enterará del contenido hasta que se conozca el resultado final.

Burford eligió esta vía no solo por sus posibilidades jurídicas, sino también por razones estratégicas. Perder el juicio de Nueva York implica que todo lo invertido en abogados más los €15,1 millones originales de compra de los derechos de litigio se convierten en costo hundido. Cuando el fallo de primera instancia de Preska estaba vigente, ese activo representaba cerca del 40% del valor de la cartera del fondo. Mantener abierta la expectativa ante sus inversores es, en ese contexto, una necesidad tanto financiera como reputacional.

El pedido a Preska para reutilizar la información del Discovery apunta, precisamente, a reducir esos costos: si la jueza lo autoriza, Burford evitaría tener que solicitar de nuevo ante el Ciadi toda la documentación que el Estado argentino ya aportó en el proceso neoyorquino.